La consejera de Políticas Sociales explicará en el Parlamento el fraude de Lanbide

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal./JESÚS ANDRADE
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. / JESÚS ANDRADE

La parlamentaria del PP Laura Garrido también ha anunciado que solicitará su presencia en la Cámara de Vitoria para hablar sobre la supuesta estafa de un millón de euros a Lanbide en cursos ficticios

E.C.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, solicitará hoy mismo su comparecencia en el Parlamento vasco para dar explicaciones sobre un supuesto fraude de un millón de euros detectado por Lanbide en cursos ficticios de formación. La parlamentaria del PP Laura Garrido también ha anunciado que solicitará su presencia en la Cámara de Vitoria para hablar sobre este asunto, adelantado ayer por EL CORREO.

Artolazabal se comprometió ante los medios de comunicación a ofrecer las explicaciones necesarias sobre la investigación abierta por un juzgado de Bilbao sobre la supuesta estafa a Lanbide en cursos ficticios. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar, en concreto, si se han producido suplantaciones de identidad de alumnos en cursos programados por la administración, con el objetivo de cobrar subvenciones públicas de una forma irregular.

Portavoces oficiales de Lanbide explicaron a este periódico que «han colaborado desde el primer momento con la Policia autónoma» en la investigación del caso y destacaron que, fruto de ese trabajo común, ya se han recuperado las subvenciones concedidas a tres centros investigados, que ascienden a más de 300.000 euros. Según diversas fuentes consultas, el importe defraudado -con un sistema similar al que ya se ha producido en otras autonomías- ronda el millón de euros, por las ayudas de varios ejercicios.

Artolazabal también ha señalado que explicará en la Cámara este «supuesto fraude que una empresa privada de formación financiada por Lanbide ha llevado a cabo» y que, según precisó, fue detectado en febrero por los controles habituales del Servicio Vasco de Empleo. «De momento -confirmó la información publicada por EL CORREO- se han reclamado unos 300.000 euros y se han devuelto con los intereses pertinentes».

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