Coherencia judicial

Puigdemont y los exconsejeros huidos deberán rendir cuentas ante el Supremo antes o después de las elecciones del 21-D

Carles Puigdemont./STEPHANIE LECOCQ / EPA
Carles Puigdemont. / STEPHANIE LECOCQ / EPA

La decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos en Bruselas, dictadas por la Audiencia Nacional, resulta coherente con las acusaciones que pesan sobre ellos. El instructor pretende defenderlas ante la eventualidad de que la Justicia belga opte por adaptarlas, en su interpretación, a un código propio como condición para su entrega a España. Medios próximos al expresidente de la Generalitat sugirieron ayer que el hecho constituía una primera victoria legal por parte de los autoexiliados por la eventual colisión entre la legalidad española y la del país al que viajaron. Una lectura interesada de la resolución que, si bien concede a Puigdemont y a sus exconsejeros la posibilidad de moverse libremente por el mundo, les obliga a pasar por el Supremo como investigados por rebelión o sedición, desobediencia y malversación en caso de que decidan regresar a Cataluña. Bien sea antes, bien sea después del 21-D. Puigdemont es candidato a la presidencia de la Generalitat al frente de una lista propia -Junts per Catalunya- en la que el encarcelado Jordi Sánchez aparece segundo. Su situación se presta a la tentación de jugar a fondo la baza del victimismo para suscitar una corriente de solidaridad ciudadana que se solape con la defensa del independentismo a ultranza. Bastaría con que regresara en los últimos días de la campaña para que su ineludible detención hiciese saltar por los aires los ya inciertos pronósticos electorales. La normalidad democrática exigible a todo proceso electoral se está viendo mediatizada por resoluciones judiciales que condicionan el ánimo ciudadano en cuanto a la percepción social de lo que es legal y de lo que resulta justo. No se trata de un episodio que coge por sorpresa a las personas directamente afectadas por los autos, sino de una estrategia que, en gran medida, perseguía tales efectos como argumento de legitimación y, eventualmente, como recurso electoral. Proyectar la idea de que el Estado constitucional actúa injustamente, de que es esencialmente injusto, e intentar soslayar así la grave irresponsabilidad en la que han incurrido los encausados -convertir las instituciones de la Generalitat en plataformas de lanzamiento de la secesión- es una jugada demasiado evidente como para que resulte efectiva.

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