Casi un centenar de causas por corrupción y 411 procesados en 2017

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes./Efe
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. / Efe

Tres de cada cuatro sentencias dictadas el año pasado fueron condenatorias, según el Poder Judicial

MATEO BALÍNMadrid

Los juzgados españoles cerraron el pasado año con un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó apertura de juicio oral o procesamiento para 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por la lista de delitos de este tipo, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción que elabora el órgano de gobierno de los jueces, que se ha dado a conocer este lunes tras incorporar los datos correspondientes al último trimestre de 2017.

De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden al último trimestre. Los juzgados de Andalucía (22), Canarias y Cataluña (11), Castilla y León y Comunidad Valenciana (10), Baleares (8) y Asturias, Cantabria y Madrid (4) fueron los órganos donde concluyeron las investigaciones de más causas. En La Rioja y Navarra no finalizó ningún proceso de corrupción.

El repositorio del CGPJ también informa de que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, juzgados y tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total.

Lista de delitos

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

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