El pp, entre cataluña y la corrupción

El conflicto territorial y las causas judiciales apremian a los populares

El pp, entre cataluña y la corrupción
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

La democracia en España, superado el fenómeno terrorista por desistimiento de ETA, además de la grave crisis económica, tiene dos grandes problemas. Uno, de naturaleza democrática y de calado político que tiene que ver con la configuración territorial del Estado y con el encaje de las nacionalidades históricas, siendo apremiante el caso de Cataluña. El otro, es de naturaleza penal, que destruye parte de los pilares del sistema democrático, y hunde sus raíces en la extensión del fenómeno de la corrupción.

Tras el fracaso de la llamada vía unilateral para la independencia, las nuevas claves de actuación nos las proporcionará el 21-D. Sin embargo, desde ahora se puede afirmar que no hay solución al problema que no pase por una aceptación libre y voluntaria de los catalanes mediante su participación en referéndum, bien sea sobre la reforma constitucional, sobre un nuevo pacto estatutario, bien sobre un acuerdo que permita celebrar una consulta no vinculante sobre la pertenencia de Cataluña al Estado español. Aunque a Rajoy se le ha reprochado la total falta de iniciativa política frente al desafío secesionista, no le preocupaban demasiado esas críticas porque sabía que PSOE y Ciudadanos estarían con el Gobierno cuando se desplegara la fuerza coactiva del Estado. Su preocupación real podría estar en la solidez y en la magnitud de la posible respuesta de resistencia que pudiera existir de forma organizada por los defensores de la vía rupturista. Tras la puesta en marcha de artículo 155 Rajoy respiró, se tranquilizó y se ratificó en su actuación. La vía unilateral solo había servido para una declaración tibia de independencia, pero no había sociedad organizada, poderes económicos, sindicales e institucionales dispuestos a crear la república contra el 155. Veremos cómo queda la cosa la noche electoral.

El PP lo tiene peor con los casos de corrupción. Existe una percepción social muy extendida de que esta formación no solo no combatió la corrupción de sus cargos, sino que además la utilizó para financiarse ilícitamente. Es cierto que el reproche político es absoluto. También existe extendida la censura social, pero hay sectores en la sociedad que no han convertido el reproche moral en rechazo político y electoral. Es cierto que el PP ha sufrido electoramente, pero hay un dato preocupante desde el punto de vista democrático: sigue ganando las elecciones generales.

Sin embargo, hay un ámbito donde ese reproche aún no se ha dado, el judicial. En todos los casos que se están instruyendo por motivos de corrupción, solo en una causa está procesado como responsable civil a título lucrativo, pero no como responsable criminal. La situación cambia con el auto de la Audiencia de Madrid que desestima los recursos en la causa que se instruye por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, donde supuestamente guardaba datos referidos a la financiación ‘B’ del partido. Con dicha resolución el PP, por primera vez, va a ser acusado por haber cometido dos delitos. La gravedad no reside en estos hechos sino en la finalidad, destruir pruebas sólidas que podrían servir para acreditar la financiación ilícita del PP y de sus cargos directivos. Junto a la gravedad del hecho, está también la actitud mantenida hasta ahora en la fase de instrucción, que lejos de ser colaborativa, ha sido de obstrucción, aunque después sus dirigentes se refieran solemnemente al deber de colaborar con la Justicia y respetar sus decisiones. Hipocresía.

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