Puigdemont contrata al abogado de ETA en Bélgica

Movilización llevada a cabo en 1996 por la izquierda abertzale en Bruselas para reclamar apoyo a los presos de ETA./EFE
Movilización llevada a cabo en 1996 por la izquierda abertzale en Bruselas para reclamar apoyo a los presos de ETA. / EFE

Paul Bekaert es un jurista experto en derechos humanos que ha defendido, entre otros, a etarras que querían evitar su entrega a España

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que desde este lunes se encuentra en Bélgica, ha entrado en contacto con Paul Bekaert, un abogado experto en derechos humanos y que se ha encargado en el pasado de defender a miembros de ETA que querían evitar su entrega a España. Bekaert ha asegurado que el exmandatario catalán, que este martes ha explicado que se ha refugiado en dicho país hasta que se le «garantice un juicio justo», le ha contratado como cliente, pero no ha especificado su cometido.

«No ha huido de Barcelona», aseguró Bekaert, quien incidió en que Puigdemont «tiene el derecho» de estar en Bélgica puesto que «no hay nada contra él».

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El viaje del expresident a Bruselas y la decisión de contratar a Bekaert vuelve a poner sobre la mesa las pésimas relaciones que España y Bélgica han mantenido durante décadas en su política de extradiciones. Una tensión que permitió en los 80 que el país centroeuropeo se convirtiera en un refugio de etarras y que, por ejemplo, la cúpula de HB huyera a Bélgica en 1997 para evitar su procesamiento en España.

En el origen de esta disputa judicial se encuentra la división de las instituciones belgas en flamencas y valonas, con distintas visiones de la justicia y su aplicación. Esta descoordinación ya se puso en evidencia tras los atentados del Estado Islámico en París y Bruselas, que dejaron claro que el sistema policial y judicial dividido por nacionalidades no era el más eficaz para luchar contra todo tipo de delincuencia.

Conflicto diplomático

Pero también ha pesado en la actuación de Bélgica una consideración propia como país de asilo que durante la dictadura mantuvo una política activa de acogida de españoles que huían del franquismo. Esta visión no se modificó tras la muerte de Franco y la transición a la democracia. Bélgica, en este sentido, es el país europeo que ha mantenido una política más restrictiva con respecto a la concesión de peticiones de extradición de etarras a España, lo que ha dado pie a graves conflictos diplomáticos con los sucesivos Gobiernos de Madrid, muchos de los cuales aún colean. En ese contexto, la izquierda abertzale se ha desplazado decenas de veces a Bruselas para reclamar apoyo para los presos de ETA e intentar atraer a los políticos locales hacia su causa.

La etarra Natividad Jáuregui permanece en libertad en Bruselas pese a estar acusada de asesinato en España

Un ejemplo. En la actualidad la etarra Natividad Jáuregui, 'Pepona', defendida por Bekaert, se encuentra en libertad en Bélgica pese a que existe contra ella una orden europea de detención y entrega. Las autoridades belgas se han negado en dos ocasiones a enviar a España a esta procesada por terrorismo, acusada de matar de un tiro en la nuca al militar Ramón Romeo, asesinado en Bilbao en 1981. La tesis de las autoridades de Bruselas se basaban en que, según su interpretación, en España no se respetan los derechos humanos. La familia Romeo ha llevado la causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha pedido la mediación del Comisario Europeo de Derechos Humanos en el caso.

Acto organizado en Bruselas por miembros de la izquierda abertzale.
Acto organizado en Bruselas por miembros de la izquierda abertzale. / EFE

Pero la decisión de utilizar Bélgica como refugio por parte de etarras y miembros de la izquierda abertzale viene de lejos. En 1997, por ejemplo, tres miembros de la dirección de HB huyeron a Bélgica cuando la Audiencia Nacional procesó a la cúpula del partido por difundir un vídeo de ETA. En aquella ocasión, los dirigentes acabaron regresando a España al comprobar que la presión que España estaba dispuesta a llevar a cabo no garantizaba que pudieran permanecer en suelo belga. Pero uno de los casos más graves tuvo lugar en 2004, cuando un juzgado de la localidad belga de Mons se negó a entregar a España al asesino de Fernando Buesa, el etarra Diego Ugarte, por entender que los jueces de Madrid «no tratan a los terroristas conforme a sus derechos fundamentales». Ante el escándalo que generó esta decisión los juzgados rectificaron al siguiente.

Viaje del Rey

Desde mediados de los 90 España ya había iniciado una agresiva política para impedir que Bélgica fuera un santuario etarra. En 1996, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendrop, pidió a Europa que suspendiera los acuerdos judiciales con Bruselas por su negativa a extraditar a terroristas. En medio de esa crisis diplomática, España puso en libertad a un ciudadano belga reclamado por un asesinato en su país, lo que elevó más la tensión.

La crisis se fue rebajando con un intenso trabajo diplomático en el que incluso el Rey Juan Carlos I se desplazó a Bélgica para reclamar «un espacio jurídico común contra el terrorismo». A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando las medidas contra el terrorismo se endurecieron y se hizo más difícil mantener espacios opacos a las fuerzas de seguridad, Bélgica fue modificando su actitud en momentos puntuales. Pero siempre con una tendencia a ofrecer asilo a terroristas y huidos de la justicia española y a enfrentarse a las autoridades españolas. Eso es lo que hizo el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, el independentista Theo Francken, cuando el domingo ofreció asilo político a Puigdemont.

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