La banalización del 155

Torra se reúne con Puigdemont en Berlín./
Torra se reúne con Puigdemont en Berlín.
BRAULIO GÓMEZ

Un 48% de los catalanes quiere un Estado independiente frente a un 42% que se posiciona en contra. Los datos son del último barómetro del CEO publicados este mes. El Parlament ha elegido president a Quim Torra, con los votos y complicidades de la mayoría independentista y el rechazo unánime del resto de las fuerzas políticas que insisten en no querer subirse a este proyecto hacia la república catalana. Es el candidato preferido del exPresident Carles Puigdemont y el único punto de su programa vuelve a ser el desarrollo del mandato del referéndum ilegal 1 de Octubre y la construcción de la República de Cataluña en contacto continuo con su valedor. Cuando despertamos tras seis meses de 155, dos dinosaurios seguían ahí, uno en Alemania y otro en Cataluña.

La primera pregunta que nos tenemos que hacer ante esta realidad es, ¿Para qué ha servido la aplicación del teóricamente mortífero art.155 de la Constitución? La situación actual en Cataluña puede calificarse de muchas maneras pero existe un consenso generalizado en cuanto a su anormalidad y su carácter extraordinario y siempre para mal. Da igual la trinchera de donde salga el análisis. Nadie está satisfecho con el actual status quo. No ha habido ni un solo avance en la convivencia, sino todo lo contrario. Los partidos políticos en Cataluña siguen divididos en bloques y siguen llevando el mando las fuerzas más polarizadas de ambos extremos. La opinión pública no se ha movido y según el mismo barómetro CEO las fuerzas independentistas volverían a alcanzar la mínima mayoría absoluta posible.

Alguien puede estar tentado a decir que lo que se ha conseguido con la aplicación del 155 es la vuelta a la legalidad y que las instituciones catalanas cumplan la Ley. Según esta visión cortoplacista, mientras haya sometimiento daría igual que se resistiera el consentimiento de dos millones de catalanes. Como si garantizar que se cumplan las leyes fuera una condición suficiente para que la democracia representativa funcionara con normalidad en Cataluña. Como si la normalidad democrática consistiera en un permanente combate entre distintas legitimidades. Hasta ahora, el Estado ha utilizado la fuerza sin ningún acompañamiento político, opción personal del Gobierno de Mariano Rajoy apoyada entusiastamente por Ciudadanos y a regañadientes por el PSOE. Represión y derecho penal. Y el problema sigue ahí. La situación de empate técnico sigue estancada, ni aumentan los que agradecen al Estado español que los haya salvado de un proceso hacia la independencia unilateral en el que no creían, ni se ensancha la base social independentista.

Por el camino, desde la aplicación el art. 155, han ingresado en la cárcel distinguidos y valiosos líderes políticos y sociales cuyo papel para recuperar la convivencia y legitimar entre los suyos el dialogo podría haber sido de gran utilidad para activar una solución política real al conflicto. El activismo judicial cuenta con escaso apoyo en Cataluña, donde tan solo Ciudadanos y el Partido Popular apoyan claramente el encarcelamiento de los líderes políticos y la mayoría social catalana se sigue preguntando de dónde se han sacado que existió un movimiento violento con capacidad para derrotar al Estado Español. Algo que también se preguntaron desde la Justicia alemana para denegar la extradición de Carles Puigdemont a España.

El colapso a cámara lenta de Mariano Rajoy no va ser evitado por el apoyo a los presupuestos del PNV. Ciudadanos tiene incentivos para seguir retorciendo sus exigencias para cerrar cualquier opción de diálogo con las fuerzas independentistas. La izquierda seguirá sin iniciativa y la amenaza del 155 acabará incorporada al paisaje habitual de nuestra deteriorada democracia.

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