Atribución de responsabilidades

Los ciudadanos que se sienten más nacionalistas nombran en más ocasiones al Gobierno autonómico como gestor de las políticas

Concentracion de pensionistas ante el Ayuntamiento de Bilbao./Luis Ángel Gómez
Concentracion de pensionistas ante el Ayuntamiento de Bilbao. / Luis Ángel Gómez
BRAULIO GÓMEZ

El alcalde de Bilbao no entiende por qué los pensionistas se manifiestan lunes tras lunes a las puertas de su Ayuntamiento. No está dentro de sus competencias la capacidad de desarrollar políticas para subir las pensiones como reclaman con fuerza, razón y persistencia los jubilados. Ha sugerido que se desplacen a la Delegación del Gobierno para que quede claro quién es el responsable de una mala política o una política impopular. Días atrás, su concejal de Asuntos Sociales tampoco se sentía cómodo en el pleno del Ayuntamiento dando explicaciones sobre la problemática de los menores no acompañados, trasladando con menos énfasis que el alcalde la responsabilidad política a la Diputación de Bizkaia. Un menor énfasis motivado por compartir color político entre los dos niveles territoriales. El año pasado, cuando la autoridad portuaria de Pasaia fue acusada de corrupción, la primera reacción desde el Gobierno vasco fue señalar al nivel estatal como el responsable de dicha infraestructura.

Los tres ejemplos trascienden lo anecdótico y el espacio territorial vasco: es común a todas las democracias que reparten territorialmente el poder entre varios niveles de gobierno. La carrera por salir en la foto institucional cuando se trata de recoger el rédito político de una acción apoyada por la mayoría de los ciudadanos no.

En un sistema descentralizado, la responsabilidad política está difuminada entre distintos niveles, que se reparten o comparten las competencias en los diferentes ámbitos de actuación, lo que hace que los ciudadanos encuentren mayores dificultades para establecer un vínculo causal entre las acciones de los políticos y los resultados de las mismas. Si los ciudadanos no pueden determinar correctamente qué nivel de gobierno es el responsable de las políticas públicas, el reparto de premios y castigos por sus resultados puede volverse aleatorio. Por ejemplo, en el caso español, si creen que la competencia sobre política sanitaria es del Gobierno central pero en realidad está en manos de los autonómicos, las consecuencias electorales de la mala o buena gestión de dicha política pueden recaer sobre quien no tiene la responsabilidad. En sentido inverso, el desarrollo de las comunicaciones impulsado por el Ejecutivo central puede beneficiar a los mandatarios regionales si son capaces de presentarse ante los ciudadanos como los responsables.

Cuando se pasa a evaluar el ajuste entre la atribución ciudadana de responsabilidades políticas y la distribución efectiva de competencias que realmente se da en el sistema autonómico, algo que sólo hemos hecho teniendo en cuenta las atribuciones relativas a grandes áreas o servicios, encontramos el nivel más alto de concordancia en el País Vasco. Y al mismo tiempo encontramos otro factor que diferencia a Euskadi del resto de comunidades: la influencia de la identidad nacionalista en la asignación de responsabilidades. Los ciudadanos que se sienten más nacionalistas nombran en más ocasiones al Gobierno autonómico como gestor de las políticas. En esas comunidades, mayor grado de nacionalismo implica más atribuciones a los respectivos ejecutivos autonómicos. Incluidas las pensiones.

Este año están coincidiendo importantes manifestaciones en el tiempo que no son encabezadas por ningún partido y que representan a dos colectivos con la suficiente trascendencia electoral para ser decisivos, las personas mayores y las mujeres. Los resultados de las elecciones están contaminados por todos los niveles de gobierno.

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