Amnistía Internacional respalda la ley vasca de víctimas de abusos policiales

El Lehendakari recibe al director de Amnistía Internacional España./IREKIA
El Lehendakari recibe al director de Amnistía Internacional España. / IREKIA

Denuncia, tras reunirse con el lehendakari, que la tortura ha sido una práctica «extendida y persistente» en España

EP

Amnistía Internacional (AI) ha reclamado al Gobierno central que deje de «obstaculizar» iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales -como la ley vasca destinada a este colectivo-, y que asuma su «obligación» de reconocer a los damnificados por la «extendida y persistente» práctica de la tortura en España en el contexto de la lucha antiterrorista.

Estas reflexiones aparecen recogidas en un informe de Amnistía Internacional que el presidente de esta organización en España, Esteban Beltrán, ha entregado este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, con el que se ha reunido en Vitoria.

En este documento se critica el «olvido» del Gobierno español hacia los damnificados por abusos policiales, y se censura la «falta» de datos oficiales sobre esta práctica. Asimismo, se lamenta que cerca de un tercio de los «escasos» condenados por torturas hayan sido indultados, y se recuerdan las siete sentencias de la Justicia europea contra España por no investigar de forma «efectiva» las denuncias por malos tratos policiales.

En el informe, se aplaude la decisión del Parlamento Vasco de aprobar, en 2016, la 'Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en el entre 1978 y 1999'.

Esta norma, conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales, se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso presentado por el Gobierno central.

El Ejecutivo vasco anunció este pasado martes que ha solicitado que se levante la suspensión cautelar de la norma, alegando que tiene «encaje» en los requerimientos del Derecho Internacional y en la Constitución española, y que las instituciones vascas son competentes para aprobar una normativa de este tipo.

Mecanismos extrajudiciales

El informe de Amnistía Internacional, fechado el 1 de agosto, rechaza los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno central para reclamar la suspensión de la norma.

Entre otras cuestiones, Amnistía Internacional destaca que el Derecho Internacional «reconoce la validez de la creación de mecanismos extrajudiciales para el establecimiento de verdad y reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos». En contraposición a los argumentos del Ejecutivo central, en el informe se indica que estos procedimientos son «compatibles» con la actuación de los tribunales de justicia.

Además, AI advierte de que el Estado español «no puede ampararse en su arquitectura institucional interna para negar los derechos reconocidos en el marco internacional de los derechos humanos a las personas que están bajo su jurisdicción».

El documento entregado por Beltrán al lehendakari, denominado 'País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura', critica el «olvido» del Gobierno español ante las víctimas de estas prácticas.

De hecho, lamenta que el Ejecutivo central «se ha opuesto a cualquier medida tendente a la adecuada reparación» de estos damnificados.

«Reconocimiento expreso»

Amnistía Internacional considera que «las autoridades españolas deben realizar un reconocimiento expreso y oficial de que la práctica de la tortura en España no ha sido un fenómeno aislado, sino algo extendido en el contexto de la lucha antiterrorista».

La organización lamenta la «falta de información sistematizada y disponible» sobre la práctica de la tortura en España. AI ha señalado que la única información disponible es «genérica y poco precisa», e indica que entre 2000 y 2016, «se habrían producido 152 hechos posiblemente constitutivos de tortura, en los que 73 personas habían sido objeto de investigación». No obstante, en la información del Gobierno central no se «aclara» cuántas de éstas personas fueron condenadas como responsables de un delito de torturas o malos tratos.

Más de 4.000 denuncias

Por otra parte, y según se recuerda en el documento elaborado por AI, un estudio del Instituto Vasco de Criminología sobre la tortura en Euskadi entre 1960-2013, basado en el análisis de más de 22.000 documentos, alude a la existencia de 4.009 denuncias de tortura y malos tratos.

Amnistía Internacional denuncia que España sigue «sin incorporar» en su legislación interna la tipificación de la tortura «conforme» al Derecho Internacional.

Asimismo, censura que «en numerosas ocasiones», la respuesta judicial a estas prácticas «ha resultado insuficiente y no ha cumplido con los requisitos de una investigación exhaustiva del delito de tortura». De hecho, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas y en profundidad sobre denuncias de torturas a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen de incomunicación.

En el informe también se critica que cuando se producen las investigaciones con resultado de condenas a agentes de las fuerzas de seguridad, el número de indultos «es muy alto». Según el 'Informe-Base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, 1960-2013', en ese periodo se dictaron 19 sentencias, por 31 personas torturadas en periodo de incomunicación, contra 62 agentes, 27 de los cuales habrían sido indultados.

Fotos

Vídeos