El PNV acusa al Gobierno incurrir en ilegalidad con el mando policial para el 1-O

El diputado nacionalista Mikel Legarda, a la derecha. /Efe
El diputado nacionalista Mikel Legarda, a la derecha. / Efe

Legarda subraya que el Estatuto de Cataluña impide aplicar los artículos de la ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que el fiscal amparó su decisión

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El PNV ha vuelto a escenificar este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el mal momento que atraviesan sus relaciones con el Ejecutivo a cuenta de la actuación del Estado en Cataluña. Un día después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmara que deja en suspenso los presupuestos de 2018 ante las dificultades que ofrece el actual contexto para negociación el diputado nacionalista Mikel Legarda ha reprochado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la decisión del fiscal superior de Cataluña de designar a un mando de la secretaría de Estado, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, para coordinar el dispositivo policial frente al 1 de octubre y dirigir tanto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como a los Mossos d’Esquadra.

Legarda ha alegado que con esa decisión se incumple el Estatuto de Cataluña de 2006, que –a diferencia del de 1979- atribuyó a la Generalitat la competencia plena en materia de seguridad pública que ya tenía el País Vasco. El artículo 164 del actual marco autonómico catalán convirtió así los artículos de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que se apoya la instrucción de la Fiscalía –el 38 y el 42- en inaplicables en relación a la policía autónoma de esa comunidad. “Ustedes –ha reprochado el también jurista vasco- incumplen la ley que dicen defender. Hacen trampa legal y constitucional y también lo hace la Fiscalía a su dictado”.

El diputado ha reforzado su argumentación recordando que ya durante la tramitación del ‘Estatut’ en vigor, el PP trató de enmendar el citado artículo 164, precisamente porque consideraba que mermaba la capacidad de intervención del Estado en Cataluña a través de las Fuerzas y Cuerpos. No lo logró. Y posteriormente renunció a recurrir ese precepto ante el Tribunal Constitucional. No lo hizo, subraya Legarda, porque sabía que no era inconstitucional. Pero ahora, “de manera directa o indirecta, a través de la Fiscalía”, el Ejecutivo ha optado por ignorar la letra de aquella norma.

“Supongo que todo esto al Gobierno le dará igual porque el Tribunal Constitucional nunca suspende sus decisiones –ha recordado el parlamentario vasco- y sus sentencia tardan años”.

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