Abren juicio al expresidente del parque tecnológico alavés por un aval a Epsilon

Julián Sánchez Alegría presidió el consejo del Parque de Miñano hasta julio de 2009. / blanca castillo

Julián Sánchez Alegría pudo cometer un delito de malversación al hacer que Miñano garantizase un crédito a la empresa automovilística con un coste de 16,4 millones

SALVADOR ARROYO

Malversación, prevaricación y administración desleal. Esos son los delitos que el Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria achaca a Julián Sánchez Alegría, expresidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi, y por los que ha solicitado la apertura de juicio oral. Se le acusa de haber beneficiado a la quebrada empresa Epsilon, que promovía la creación de una escudería de vehículos de Fórmula 1 con ‘label vasco’, al utilizar su influencia para conseguir que el parque alavés de Miñano la avalase en un crédito bancario cuando la sociedad automovilística ya sufría problemas económicos. Una operación que se considera irregular, previamente desautorizada por los servicios jurídicos del Parque Tecnológico de Álava (PTA), y que acabó teniendo un coste de 16,4 millones de euros para las arcas públicas.

Los hechos se produjeron entre los años 2008 y 2009. Según se recoge en el auto dictado por la jueza Ana Jesús Zulueta, Epsilon Euskadi fracasó en el intento de obtener financiación directa de Kutxabank y Caja Vital para la sede de la compañía en Miñano. «No asumieron el riesgo porque solicitaban una gran cantidad de capital», se dice. La empresa que promovió el bólido que compitió en Le Mans (el otro sueño automovilístico, junto al Hiriko, del Gobierno de Juan José Ibarretxe) se surtía en un 90% de fondos públicos -de hecho, acabaría tragándose más de 48 millones de euros- y no estaba en condiciones de dar garantías adicionales a los bancos.

El experto que lideraba Epsilon Joan Villadelprat -condenado al pago de 900.000 euros años después por la quiebra- acabaría encontrando el respaldo del Parque Tecnológico de Álava -del que son socios el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria- y de su presidente, Sánchez Alegría.

«La situación en la que se encontraba Epsilon hacía más que previsible el impago» Acto judicial

Eso, aun cuando los abogados que llevaban la asesoría jurídica cuestionaron por escrito esa «financiación como garante». El despacho Uría y Menéndez, según el auto judicial, advirtió en un informe que dar cobertura a Epsilon excedía «el objeto social» y podría «considerarse un aval a tercero, así como una posible ayuda de Estado», una opción, esta última, no permitida por la UE.

Pese a las advertencias, el 14 de enero de 2009 se suscribe el contrato privado entre el parque y las entidades de crédito para garantizar que la deuda iba a ser sufragada en caso de impago por parte de la empresa automovilística. El acuerdo preveía que, en el supuesto de no abonarse el pago correspondiente, «el PTA debería acudir a la subasta y pujar por el inmueble entre 14 y 22,5 millones de euros». Ese mismo día, además, Sánchez Alegría cedió «el rango hipotecario de la única garantía de cobro que tenía el parque» en favor de Kutxabank y Caja Vital mediante escritura pública.

Carga a las administraciones

El auto judicial pone en evidencia que el investigado dejó en situación de desprotección al PTA y promovió un movimiento claramente arriesgado. Porque el aval no solo rebasaba las propias competencias del parque de Miñano -la jueza insiste en ese hecho- sino que Epsilon ya vivía un momento delicado. «La situación en la que se encontraba el deudor principal hacía más que previsible el impago», se asegura en el escrito del juzgado vitoriano.

El desenlace es conocido: Epsilon entró en concurso de acreedores y caminó hacia la extinción. Las entidades de crédito procedieron a la ejecución hipotecaria y el parque, por el aval que le ataba, se vio obligado a adquirir el 22 de junio de 2012 créditos por valor de 16,4 millones que, al no poder enjugarse, le llevaron a asumir un préstamo con «intereses adicionales». Tanto la Fiscalía -por un defecto de forma- como el investigado han recurrido el auto. Sánchez Alegría ya está imputado en el llamado ‘caso De Miguel’, la presunta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por exdirigentes del PNV.

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