El abogado de De Miguel cuestiona el clonado de ordenadores

El presidente del tribunal, Jaime Tapia, accede al Palacio de Justicia de Vitoria./Igor Aizpuru
El presidente del tribunal, Jaime Tapia, accede al Palacio de Justicia de Vitoria. / Igor Aizpuru

Una bolsa de evidencias cerrada con cinta adhesiva, la confusión de nombres y el ‘baile’ de números de referencia de los equipos centran los ataques de la defensa en el juicio

Ander Carazo
ANDER CARAZO

Todo hacía presagiar que el juicio del ‘caso De Miguel’ había caído en la rutina. Las preguntas se repetían en los interrogatorios y recibían respuestas similares por parte de los agentes de la Ertzaintza que en las dos primeras jornadas habían acudido al Palacio de Justicia. De hecho, el nivel de atención había caído y este jueves ni siquiera ha acudido el abogado titular de Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV alavés y a quien se le considera urdidor de la trama que supuestamente se encargaba en adjudicar contratos públicos y pedir comisiones a cambio. El sustituto del letrado Gonzalo Susaeta ha sido Eneko Goenaga que, sorprendentemente, ha protagonizado el momento más tenso de la sesión y en el que ha puesto en duda el proceso de clonación del material digital que, en los registros de marzo y abril de 2010, se incautó a los principales imputados de este caso.

Cerca de una hora ha durado el interrogatorio al agente especializado en delitos informáticos que se encargó de copiar los ordenadores, cedés, deuvedés, memorias USB, discos duro externos y archivos recogidos en las casas de ‘Txitxo’ (como todo el mundo llamaba al antiguo ‘burukide’), Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, ambos miembros del PNV alavés; el parque tecnológico de Miñano y aquellos aportados voluntariamente por Aintzane de Miguel, hermana del principal implicado. Con ese clonado –ha explicado el ertzaina– se busca mantener intacto el material original y poder inspeccionar su contenido.

El abogado Goenaga ha preguntado al ertzaina por qué una de las bolsas precintadas con autoadhesivo –de las múltiples que pasaron por su oficina– donde se guardaba un portátil de la marca Acer tenía cinta adhesiva.

–Es extraño, no es normal. Puede que se rompiera la bolsa, no lo sé–, admitió el inspector.

–El objetivo de que se precinten es garantizar que su contenido se mantiene inalterado, así que ¿si se cierra la bolsa con cinta aislante que no haya sido tratado ese equipo o utilizado anteriormente?–, incidió el letrado.

–Tendríamos que leer la diligencia en la que se hizo y por qué se utilizó la cinta adhesiva y de ahí podríamos llegar a una conclusión.

– No existe ningún tipo de diligencia de si falló el precinto y se utilizó la cinta.

–Pues habría que preguntarle a quien lo tenía que precintar a ver por qué lo hizo así–, ha zanjado el miembro de la policía autonómica.

El especialista de la Ertzaintza ha insistido en que realizó todo su trabajo en presencia de un secretario judicial y bajo el criterio investigador del instructor del caso, Roberto Ramos. El agente ha admitido que pudo confundir los apellidos de Tellería y De Miguel al transcribir uno de los informes que realizó, pero «no hay dos números de bolsas iguales» por lo que no se puede descartar la prueba. Sobre el hipotético caso de que alguna de las pruebas recogidas en los registros no fuese clonada, lo ha considerado «una indefensión brutal».

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Además existió un ‘baile’ de números de referencia de los equipos incautados en los registros. En este caso concreto fue que los agentes de campo apuntaron el código de la caja contenedora del disco duro y el especialista, por su parte, el que aparece en la memoria.

Uno de 26

Ante el tribunal presidido por Jaime Tapia también han declarado los agentes que recogieron en la comisaría de Bilbao un ordenador aportado por Aintzane de Miguel, cuando ésta todavía no estaba imputada por el caso que salpicaba a su hermano pese a que estaba contratada por la empresa ‘pantalla’ Kataia. Estos han confirmado que la prueba fue trasladada hasta el Palacio de Justicia de Vitoria sin introducirlo en una bolsa para entregárselo al instructor del caso.

Las defensas están tratando de que el testimonio de los ertzainas sirva para que caigan en contradicciones e invalidar pruebas. De los 26 imputados en este ‘macroproceso’ –que, en su mayoría, son antiguos altos cargos, militantes y ‘fontaneros’ relacionados sobre todo con el sector más soberanista del Partido Nacionalista– tan sólo ha estado presente en la sala Jon Iñaki Echaburu, constructor socio de la abogada Ainhoa Alberdi que trasladó a la Fiscalía Provincial de Álava su denuncia de cómo se le estaban solicitando 100.000 euros por la adjudicación de un proyecto en el complejo de Miñano. Para él se solicitan once años de prisión. El resto de acusados de formar parte de la presunta red liderada por De Miguel han aprovechado el permiso que les concedió el tribunal para no acudir al Palacio de Justicia hasta que llegue la fase de testificación.

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