A VUELTAS CON LOS IMPUESTOS

Incrementar los tipos impositivos no siempre conlleva un aumento de la recaudación

Manfred Nolte
MANFRED NOLTE

La enésima intención de reforma fiscal de diputaciones y Gobierno vasco nos da pie para manifestar algunas consideraciones sobre el siempre delicado y conflictivo mundo de los impuestos. Al parecer, las partes no coinciden en hallar un saldo entre bondades y perjuicios, y a los planteamientos meramente numéricos se agregan otros de posicionamiento ideológico y de trastienda política. El problema se bloquea al discernir si una rebaja del tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades del actual 28% hasta otro del 25% o incluso del 24% tendrá como efecto una cuota recaudatoria igual, superior o inferior a la que se registra en el presente. Junto al ajuste a la baja del tipo impositivo se baraja adicionalmente otra medida compensatoria: la eliminación de las desgravaciones del impuesto hoy vigentes.

El hecho fiscal, como coactividad monetaria pactada, se erige en uno de los rasgos diferenciales del sector público junto a su universalidad, su heterogeneidad y su indefectibilidad. De la coacción surge una consecuencia: la inexorabilidad de tener que pagar impuestos. Pero el impuesto detrae renta disponible de los particulares y beneficios netos de las empresas.

Si partimos de la base de que el mercado es el mejor vehículo conocido hasta la fecha para la asignación óptima de los recursos, la injerencia de un impuesto es negativa e introduce en la actividad económica un determinado grado de toxicidad. La otra cara de la moneda muestra que en una economía social moderna esa toxicidad es un efecto colateral tolerable en una actuación general de las administraciones para ofrecer los servicios públicos a la sociedad. Aunque el impuesto destruya renta en un primer momento, a través del presupuesto el sector público crea nuevos valores: seguridad, justicia, defensa, cultura, sanidad y protección social. Con el impuesto se genera el ambiente jurídico y político con el que los hombres pueden trabajar, organizar, inventar y producir.

El gran economista John Maynard Keynes dota a los presupuestos públicos de una facultad adicional: su carácter anticíclico capaz de estimular la demanda agregada en épocas de crisis y reanimar una coyuntura económica deprimida. Finalmente, una moderna fiscalidad debe actuar como un estabilizador automático dentro de una política redistributiva de las rentas monetarias, gravando más a quienes más tienen para favorecer a quienes tienen menos y reducir la desigualdad social.

Los impuestos son en consecuencia distorsionadores pero necesarios, el precio que pagamos por una sociedad civilizada. El sistema impositivo, a su vez, será eficiente cuando asegura un determinado volumen de ingresos públicos, contribuyendo a la redistribución de la renta, con la menor desincentivación posible de la iniciativa privada.

Una vez clarificada la justificación fiscal nos resta -y este es el ‘quid’ de la cuestión- el ‘cuánto’.

Aplicado a la economía hablaríamos de la curva de Laffer. La curva, una ‘U’ invertida difundida por el economista americano Arthur Laffer en 1980, traduce una evidencia empírica según la cual el incremento sucesivo de los tipos impositivos no siempre conlleva un aumento de la recaudación fiscal. Cuando el tipo del impuesto es suficientemente alto, si se sube más, los importes recaudados disminuyen. En su último extremo un tipo del 100% sobre la actividad tributable destruiría dicha actividad y la recaudación sería nula.

Aplicado al caso del proyecto de reforma fiscal vasca, tal vez una reducción de bases tenga un efecto inicial negativo sobre la recaudación, pero simultáneamente afectaría de forma favorable a la actividad económica y al PIB comunitario, con lo que estimulando la producción generaría en segunda instancia un aumento de bases imponibles y un incremento de la recaudación.

Una consideración final. Llegado el momento, si se incluyese entre sus competencias, los líderes de nuestras haciendas forales deberían considerar la introducción de un modelo de devaluación fiscal para las empresas residentes en Euskadi. Esto es, rebajar las cotizaciones sociales de las empresas y financiar la caída de la recaudación con imposición indirecta.

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