La vía vasca

Las puertas se cierran cuando se propone una abierta ilegalidad como el referéndum anunciado por la Generalitat de Cataluña

ELCORREO

El presidente Mariano Rajoy interpeló ayer desde Bilbao al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y le instó a seguir el ejemplo del Ejecutivo vasco presidido por Iñigo Urkullu y a abandonar su «delirio secesionista», recuperando por tanto «la conexión a la ley y el Estado de derecho». Rajoy aludió al reciente acuerdo de su Ejecutivo con el Gobierno vasco para renovar el Cupo y la sintonía que existe entre ambas administraciones para vincularse a través de la Ley de Concierto Económico. «Esto es lo que da resultados positivos para todos», expresó Rajoy. En cambio, «lo que pretende la Generalitat es el enfrentamiento, y eso es estéril, antidemocrático, no resuelve nada, ni produce ningún efecto positivo para ningún catalán ni para nadie del resto de España. Es lo que no se debe hacer». Efectivamente, los nacionalismos vasco y catalán han emprendido vías opuestas en su relación con el Estado. En tanto el PNV ha aprovechado con inteligencia las oportunidades que le ha brindado el sistema parlamentario para intercambiar apoyos por reivindicaciones -es lo que hizo también CiU-, el nacionalismo catalán más reciente, exacerbado quizá por el descubrimiento de corruptelas inimaginables en quienes dirigieron la construcción de la Cataluña moderna, se ha echado al monte del independentismo sin atenerse a la razón suprema de un ordenamiento constitucional que, como es lógico, también Cataluña contribuyó a crear. Se podría decir que la comparación es tramposa porque el PNV disfruta del régimen singular económico. Pero a quien exhiba tal argumento habrá que recordarle que aquel régimen especial no fue concebido como privilegio sino como singularidad, y prueba de ello es que Cataluña no aceptó un régimen similar cuando el ponente constitucional Miquel Roca, que representaba la sensibilidad nacionalista, tuvo ocasión de reclamarlo. Y en cualquier caso, siempre cabría la posibilidad de negociar reformas que no estén en frontal contradicción con el espíritu de la Carta Magna. Al cabo, lo que Rajoy ha mantenido, y con razón, es que todo cabe en el amplio margen de la legalidad constitucional, pero todas las puertas se cierran súbitamente cuando se alza la mano o se propone a sangre fría una abierta ilegalidad.

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