Turquía: la marcha por la Justicia

La evolución del régimen turco hacia un presidencialismo dictatorial no responde a causa objetiva alguna, sino a la voluntad de poder de un hombre

Antonio Elorza
ANTONIO ELORZA

El primer aniversario del golpe de Estado de 15 de julio de 2016, no ha sido un tiempo de celebraciones democráticas, sino de angustia y protesta por la dictadura de facto instaurada por el presidente Erdogan desde entonces. Al 15 de julio siguió el día 20, con la imposición de un estado de emergencia vigente aún hoy y con visos de perpetuarse, gracias a una reforma constitucional que convierte al presidente en titular de competencias excepcionales por encima de los poderes legislativo y judicial. Conviene recordar que ignorando la letra y el espíritu de la Constitución turca, Erdogan ya ejercía de facto una presidencia que sobrepasaba sin recato los límites del régimen parlamentario.

Ahora tiene en sus manos todos los resortes de un Estado, policía y servicios de información incluidos, y no duda en aplicarlos según el criterio de que todo aquel que se oponga a sus decisiones se convierte en un enemigo a eliminar. Al haber suprimido la inmunidad parlamentaria, se encuentran en prisión doce diputados, entre ellos la mayoría del partido kurdo, y ahora uno del republicano CHP, condenado nada menos que a veinticinco años de cárcel, a quienes acompañan entre rejas ciento cincuenta periodistas. Los supuestos de acusación son fáciles de encontrar para unos jueces sumisos: apoyo al terrorismo del PKK kurdo o complicidad con el golpe del 15 de julio. En la reciente operación de encarcelamiento de activistas por la paz, figura como reo el presidente en el país de Amnistía Internacional, organización cuya vocación subversiva es inexistente. El orden reina en Ankara y en Estambul.

Para la oposición democrática, la mencionada condena del diputado kemalista Enis Berberoglu ha sido la gota que hizo desbordarse el vaso de la paciencia. La acusación, paralela a la formulada contra los periodistas responsables del diario Çumhuriyet, consistió en «revelación de secretos del Estado y espionaje»; en este caso, la utilización de medios de transporte de los servicios de información para llevar armas a Siria, con el Estado Islámico verosímilmente por destinatario. La noticia no fue en modo alguno desmentida por fuentes oficiales y Erdogan se personó ya en la causa contra los periodistas para agravar sus penas.

La imaginativa respuesta de Kiliçdaroglu consistió en iniciar al día siguiente una gran marcha pacífica por la Justicia desde Ankara a Estambul contra las sistemáticas violaciones de los derechos por el Gobierno, siguiendo el ejemplo de la gran marcha por la Sal que en su día protagonizó Gandhi en la India británica. A partir del 15 de junio, a un ritmo de veinte kilómetros diarios y siempre con el septuagenario Kiliçdaroglu a la cabeza, llegó a la ciudad del Bósforo para culminar en un gran mitin el 9 de julio, seguido por un millón o más de asistentes (dos millones según el encargado de asuntos turcos en el Parlamento europeo). Sin otro eslogan que el de 'Adalet' (Justicia), sin otras banderas que las turcas y con los retratos de Atatürk, el fundador de la República. «Derechos, ley, justicia», fueron los gritos más escuchados en su curso por unos asistentes que no solo pertenecían al CHP. Frente a la aspiración al monopolio de los islamistas en el poder, una gran pancarta proclamaba: «Somos Turquía».

Primero Erdogan jugó con la difamación, acompañado por su primer ministro, que la declaró «ilegal», asegurando que «los golpistas tenían sus F-16 y sus carros de combate, y la marcha de esta gente busca el mismo propósito». La respuesta de Kiliçdaroglu, firme defensor de la democracia ante el golpe de hace un año, fue terminante, haciendo balance de la extraña peripecia de una intentona militar que el Estado no previene y para la cual tiene preparada medidas represivas dispuestas antes del 15 de julio. Es lo que el político kemalista llama «un golpe controlado», por haber utilizado el Gobierno una insurrección que conocía, para proceder a la supresión generalizada de los derechos que luego tuvo lugar. Más de cien mil represaliados, militares, profesionales, jueces, privados de sus empleos y en muchos casos encarcelados, sin las más mínimas garantías jurídicas. Erdogan ha hecho de Turquía una gran cárcel, mientras sigue sin explicar esa política de connivencia con un Estado Islámico que solo cometió atentados contra medios gubernamentales cuando el Rais esbozó un cambio de posición frente a ellos.

Kiliçdaroglu formuló al cerrar el mitin un decálogo con diez exigencias: información sobre el brazo político del 15-J, devolución al Parlamento de su autoridad, levantamiento del estado de emergencia, fin de la «muerte civil» de las víctimas de ese estado de emergencia, garantías de la independencia judicial, liberación de políticos y periodistas encarcelados, democracia parlamentaria fuerte, lucha contra la pobreza y el paro, y política exterior orientada a la paz.

A pesar del éxito que le confirma como líder de la oposición, no es fácil Kiliçdaroglu tenga éxito. Esa oposición además no existe como tal desde su fracaso en el momento en que no lograron formar gobierno tras derrotar en las elecciones parlamentarias al AKP islamista. Los kurdos están muy golpeados y los ultranacionalistas del MHP insisten en su subordinación a Erdogan. Éste se mantiene por todo y para todo en sus trece, como acaba de verse al oponer una vez más el derecho de intervención turco a la deseable reunificación de Chipre. Ha encontrado un buen colega en Putin y la derrota del Estado Islámico le permite evitar el doble juego de armas por petróleo. Cierto que el Parlamento europeo cierra una vez más la puerta, pero al mismo tiempo Europa necesita a Turquía en la cuestión de los refugiados.

Por fin, cabe recordar que la evolución del régimen turco hacia un presidencialismo dictatorial no responde a causa objetiva alguna, sino a la voluntad de poder de un hombre.

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