Turismo en libertad

Nuestra aspiración a viajar a otros lugares nos obliga a acoger sin prejuicios a quienes se ven atraídos por este país

EL CORREO

Las acciones perpetradas por el grupo Arran contra el turismo en Barcelona y en Palma y la campaña de las juventudes de Sortu, Ernai, en Donostia se aprovechan de una preocupación evidente -el impacto de la afluencia creciente de visitantes en la vida de las ciudades y en su sostenibilidad- para aflorar posiciones extremas en su fondo y en su forma. La aparición de consignas en contra del turismo y de los turistas violenta a quienes llegan a este país porque les resulta atractivo y representa una aberración frente a un mundo abierto y libre, en el que los activistas o sus defensores se convierten también en turistas cada vez que salen fuera de su localidad. Viajar es una posibilidad a la que no todos los seres humanos pueden aspirar con libertad. Y, en una sociedad que se pretende abierta, nadie está legitimado para enjuiciar sobre la idoneidad o la inconveniencia de unos u otros visitantes estableciendo poco menos que categorías morales.

El debate sobre la ‘tipología’ del turismo admisible y del que no lo es tanto está tan repleto de prejuicios que las instituciones democráticas no lo pueden hacer suyo. Las campañas indiscriminadas contra el turismo son una advertencia al respecto. Es comprensible que muchas personas se sientan incómodas porque su entorno vital cambia de fisonomía con el trajín turístico; con la presencia de congéneres que quizá pretendan añadir solo otra experiencia fugaz a un itinerario de disfrute. Pero no parece mejor empeñarse en que el municipio o la calle de uno carezcan de atractivo o se muestren refractarios a los foráneos. Y, sobre todo, resulta oportunista y demagógico que se lleven a cabo acciones que amedrentan a los turistas en «defensa de los barrios» en Barcelona, o que se reivindique lo propio tratando de disuadir a los visitantes de aparecer por Donostia con el inquietante mensaje de ‘Tourist, go home’.

Las instituciones afectadas no tienen únicamente el deber de condenar toda reacción incívica e intolerante frente al turismo. Tienen la obligación, además, de ordenar sin dilaciones el sector evitando decisiones improvisadas -especialmente, si conllevan algún sesgo prejuicioso-, y arbitrar medidas que prevengan la especulación inmobiliaria, la reordenación incontrolada de la habitabilidad y usos del entorno urbano y el disparatado incremento de los precios de todo lo que ofrece la ciudad.

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