Torpedo electoral

El encarcelamiento de Junqueras y ocho exconsellers irrumpe de lleno en el 21-D, que volverá a ser un plebiscito

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Las sentencias que imponen los jueces no son necesariamente más justas cuanto más duras sean. Lo mismo que en una democracia consolidada como lo es la española no existen sentencias políticas, aunque los pronunciamientos judiciales sí que pueden tener consecuencias en este plano, en el político, incluso muy importantes.

Viene lo anterior a cuento de la trascendente decisión adoptada por la magistrada Carmen Lamela sobre los exmiembros del Govern encausados y que no se han dado a la fuga. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional dictó ayer auto de prisión incondicional contra el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y siete exconsellers más. Y prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para el exconseller Santi Vila al haber dimitido la víspera de que el Parlament declarara unilateralmente la independencia de Cataluña, por estar en desacuerdo con el procedimiento.

No puede decirse que el auto de la jueza Lamela haya causado sorpresa o que resulte inesperado. No en una magistrada que mantiene en prisión desde septiembre del año pasado a un grupo de radicales de la izquierda abertzale que agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua cuando tomaban una copas, acusados nada menos que de terrorismo. No en una veterana profesional del Derecho a la que no le tembló la mano al enviar también a la cárcel el pasado 17 de octubre a los ‘jordis’. Jordi Sànchez, líder de la todopoderosa Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, su homólogo de Òmnium Cultural, las dos plataformas civiles que han ejercido de vanguardia del movimiento secesionista.

Dictar prisión incondicional contra unas personas a las que se acusa de rebelión (que está castigada con penas que oscilan entre los 15 y los 25 años de cárcel), sedición (hasta 15) y malversación (hasta 8 años de reclusión) entra, por supuesto, dentro de la lógica. Más aún si esas personas han sido, además, reiteradamente advertidas de que estaban vulnerando la Constitución, el Estatut y el Código Penal, nada menos que por los letrados que asesoran al Parlament y por el Consell de Garanties Estatutàries, algo así como el Tribunal Constitucional de aquella comunidad.

También resultan comprensibles los argumentos que esgrime la magistrada. Desde la alta probabilidad de que los encarcelados, de seguir libres, pudieran destruir pruebas; a que insistieran en el delito; a que, dado su desahogado poder adquisitivo, pudieran darse a la fuga y marcharse a otro país, como han hecho el expresident Puigdemont y cuatro exconsellers más, que se han refugiado en Bruselas.

Claro que todo lo anterior pasa a ser bastante más discutible cuando en el otro platillo de la balanza situamos un argumento de peso: no pocos profesionales de la Justicia han cuestionado y cuestionan si les son o no de aplicación a los exconsellers los dos primeros tipos penales, los de rebelión y sedición.

Por otra parte, jueces y magistrados ciertamente no deben dejarse arrastrar por ningún ruido exterior a la hora de impartir justicia. Ello, sin embargo, no es óbice para que puedan modular sus decisiones. Para que cuando dispongan de dos posibilidades igual de justas elijan la que tenga más ventajas y/o menos inconvenientes. Y esto último no parece que, desgraciadamente, lo haya tenido en cuenta la jueza Carmen Lamela.

El auto tiene una importantísima derivada política. La decisión de la magistrada ya no es que no resulte inocua para el futuro inmediato del conflicto catalán. Es que constituye un auténtico torpedo que sí o sí va a impactar de lleno en las elecciones autonómicas catalanas convocadas por el presidente Mariano Rajoy para el próximo 21 de diciembre.

Mientras el unionismo, el constitucionalismo, vive con la esperanza de lograr una gran movilización ciudadana en las urnas, el independentismo deja entrever desde hace semanas división y desánimo. A ello han contribuido las dudas finales de Puigdemont, el que sopesara renunciar a la DUI y convocar elecciones anticipadas para evitar la intervención de la autonomía, y estas últimas horas su fuga bruselense. Todo ello abonaba la sensación de que los neoconvergentes del PDeCAT y ERC difícilmente volverían a compartir lista electoral.

El encarcelamiento de los exconsellers va a disparar la presión de la base social ‘indepe’ sobre sus partidos para que el secesionismo concurra unido a las urnas. Y lo más relevante, va a actuar como motor sentimental para engordar un poco más el granero de votos soberanista en unos comicios que volverán a girar sobre el eje independencia-no independencia, en lugar del tradicional izquierda-derecha, y que volverán a tener carácter plebiscitario.

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