POR UNA SUBIDA GENERAL DE SALARIOS

MADDALEN IRIARTE \ IKER CASANOVA

Aunque algunos entonen el discurso de la recuperación basándose en ciertos datos macroeconómicos, la mayoría de la sociedad vasca continúa sumida en la larga travesía del desierto que comenzó (o se agudizó) en 2008. Esto es así porque, a raíz de las medidas tomadas en los últimos años con la excusa de la crisis, los indicadores ‘macro’ cada vez reflejan peor la realidad de la gente. El PIB crece pero, a pesar de que ‘la tarta’ sea más grande, el trozo a repartir entre la mayoría trabajadora mengua, porque los ricos se llevan cada día más, en términos absolutos y también proporcionalmente. El desempleo baja, pero el subempleo que se crea no garantiza ya ni siquiera salir de la pobreza, como atestiguan los 12.000 trabajadores vascos que cobran la RGI.

Esto es así porque la élite económica ha aprovechado la crisis para imponer una contrarreforma social que ha neutralizado los mecanismos de distribución de la riqueza, consolidando una fiscalidad regresiva, un rotundo retroceso salarial y un deterioro de las condiciones laborales. Vamos a referirnos a estos últimos aspectos ya que el quebranto del espacio laboral en nuestro país está alcanzando niveles de máxima gravedad. El hecho de carecer de soberanía para regular la economía (las pensiones, el mercado laboral o el salario mínimo, entre otros) nos obliga a sufrir la imposición de las políticas dictadas desde Madrid en estos ámbitos cruciales. La legislación laboral vigente, fruto de las sucesivas reformas impuestas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, es buena muestra de esto. La reforma laboral, entre otros males, otorga a las patronales un instrumento decisivo para desactivar la negociación colectiva: la desaparición de la ultra-actividad. Esto significa que cuando un convenio finaliza y no es renovado se pasa a depender de la legislación básica, que solo garantiza una protección mínima. Así, la legislación laboral española da los instrumentos y la patronal vasca, Confebask, los ha utilizado para paralizar la negociación colectiva. Fruto de ello es que las condiciones laborales y salariales han sufrido un serio deterioro.

A día de hoy, más del 60% de las personas trabajadoras vascas no tienen un convenio en vigor. Los empleos eventuales son ya el 24%. En los últimos años los trabajadores han perdido entre un 3% y un 4% de su poder adquisitivo. El reparto de las rentas entre capital/salarios ha pasado de ser un 51/49 en 2010 a un 53/46 en 2016. El 25% de la población no llega ni a ‘mileurista’ y más de la mitad cobra menos de 1.500 euros. Por otro lado, el Gobierno autonómico no se ha mostrado muy diferente de la patronal privada en aspectos como la congelación salarial o el abuso de la temporalidad, que es del 35% en el conjunto de la Administración. Además, el Gobierno vasco se ha mostrado como un fiel aliado de la patronal, compartiendo con ella de forma sistemática discursos y apariciones públicas, al tiempo que tiene rotas o muy deterioradas las relaciones con los principales sindicatos del país.

El bloqueo de la negociación colectiva y la consiguiente pérdida de derechos, así como el retroceso salarial y de poder adquisitivo, dibujan un panorama social realmente grave. En EH Bildu consideramos que las instituciones tienen que implicarse para solucionar esta problemática. Por ello, hemos llevado a cabo una serie de iniciativas parlamentarias consistentes en una amplia ronda de comparecencias de agentes sociales, una interpelación al Gobierno y una moción en la que básicamente pedíamos una subida salarial y la reactivación de la negociación colectiva. Esta moción se debatió el 25 de mayo y, tras un acuerdo con PNV y PSE, fue aprobada con algunas modificaciones que la hacían más asumible para los partidos que sustentan al Gobierno, sin alterar, no obstante, los aspectos sustanciales de la misma. Básicamente son tres las peticiones asumidas por el Parlamento. Primero, la derogación de la reforma laboral, principal detonante de la actual situación. En segundo lugar, una «subida de salarios con carácter general». Finalmente, la reanudación de la negociación colectiva, para, desde la prioridad del ámbito vasco de negociación, crear mejores condiciones laborales y empleo de calidad.

Es un gran acuerdo, aunque no refleje la totalidad de nuestro análisis y demandas, pues tiene el valor crucial de ser mayoritario, de implicar a los partidos del Gobierno, poco proclives a ‘mojarse’, y de ir más lejos que nunca en referencia al posicionamiento del Parlamento en torno a estos temas. Este acuerdo es ahora un instrumento útil para quienes quieren la derogación de la reforma laboral, una subida general de salarios y una negociación colectiva de ámbito vasco, eficaz y generadora de derechos. Y es un toque de atención evidente para quien está en contra de todo ello. Ni una subida salarial ni una fiscalidad progresiva son amenazas para el tejido económico. Al revés, son mejoras que podrían proporcionar recursos públicos para estimular el sistema productivo, impulsar la demanda interna y generar una población laboral estable, formada y productiva. La reivindicación de la subida de salarios es ya un clamor al que cada vez se unen más voces y más diversas. Un clamor al que únicamente hace oídos sordos la patronal. Es tarea de todos y todas conseguir vencer esa resistencia y lograr una subida general de salarios que, como declara el Parlamento, sirva para «compensar la pérdida de poder adquisitivo que las personas asalariadas han sufrido en los últimos años y fomentar un reparto más justo de la riqueza».

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