Una sola legalidad

Tonia Etxarri
TONIA ETXARRI

La justicia sigue actuando implacable y sin dilaciones, para afrontar el desafío de la Generalitat y sus socios anti sistema. Todos los cuerpos policiales, incluidos los Mossos d’Esquadra tienen órdenes precisas de la Fiscalía para intentar impedir la celebración de la consulta del 1 de octubre. Sencillamente porque es ilegal. No se trata de prohibir un referéndum al uso (hemos tenido varios a lo largo de nuestra historia, incluidos los relacionados con los estatutos de autonomía), sino de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, todo lo que concierne a esta iniciativa que aprobó el Parlament en el pleno más bochornoso y autoritario de toda su historia, topará con la ley. Y a medida que ésta se proyecta sobre los ciudadanos, las reacciones se suelen suavizar; mantienen una actitud diferente a la de los gobernantes que han decidido actuar ya como si llevaran el timón de una república independiente. Antes de saber qué piensan sus paisanos, por cierto. Porque la mayoría silenciosa y silenciada es eso: mayoría. Los seis millones de ciudadanos que prefirieron hacer otras actividades más provechosas que acudir a una manifestación tan sectaria como la de la Diada, tienen sus derechos. Y empiezan a ver que lo que ocurra el 1 de octubre será cualquier cosa menos un referéndum.

Cuando la ley llama a la puerta del jefe de los Mossos y éste decide acatar las órdenes, da la impresión de que el viento está rolando en contra del presidente Puigdemont, que ha empleado el tiempo engañando sobre ‘su’ legalidad y llamando a presionar a los alcaldes que no quieren poner en riesgo a sus funcionarios. La web oficial de ‘referéndum.cat’ acaba de ser cerrada por orden judicial. Y sustituida por otra. Y TV3 dejó de emitir el anuncio de la campaña del referéndum, justamente ayer cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro empezó a preguntar quién financiaba esas promociones. Casualidad.

El fiscal estrecha el cerco a los alcaldes que colaboren con la consulta ilegal porque pueden incurrir en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Y los llama a declarar en calidad de investigados. Los grupos nacionalistas en el Congreso se echan las manos a la cabeza hablando de detenciones. Correrían esa suerte aquellos ediles que no quieran colaborar con la justicia. Sería el caso de los cargos municipales de la CUP, que quiere «mambo».

Estamos en un trance. No hay ningún choque de legalidades porque no existen dos, como cree la ‘podemita’ Irene Montero cuyos círculos se mueven entre la ambigüedad calculada, el oportunismo y el desconocimiento. Buscando tripartitos alternativos en Cataluña. Oyen al senador Cleríes (PDeCAT) decir que «seremos lo que queramos ser no lo que usted (Rajoy) quiera que seamos» y le compran la mercancía. Pero no se trata de lo que quiera el presidente sino de la ley que emana de la Carta Magna. Los Mossos saben que solo hay una legalidad. Los alcaldes socialistas como el de Lleida y L’Hospitalet también. El momento es tan grave que el Rey fue más preciso que nunca al referirse a la prevalencia de la Constitución» sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia». La mayoría silenciosa y silenciada empieza a hablar. La CEOE finalmente emitió un comunicado alineándose con el Gobierno. Mezclar ahora la crisis política con las negociaciones presupuestarias forma parte de la táctica habitual del PNV, aunque el gobierno vasco no lo hace. No es el momento.

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