Serenar y no encrespar

XABIER GURRUTXAGA

Visto lo acontecido el 1-O y días siguientes hay que constatar con preocupación el incremento de la tensión en la sociedad catalana y el agravamiento de la confrontación entre el Estado y la Generalitat. En su particular sokatira cada extremo ha ignorado sus limitaciones y despreciado los puntos de fortaleza del adversario, enfrascados en una ‘guerra sin cuartel’.

El Estado ha ignorado su debilidad para aplicar con efectividad el ‘imperio de la ley’ en el conjunto del territorio catalán. Rajoy y su vicepresidenta afirmaron con reiteración que el uno de octubre no se votaría, pues no habría colegios electorales, ni urnas, ni papeletas. Nunca se atrevieron a decir que tampoco habría ciudadanos dispuestos a votar, pero en su fuero interno siempre creyeron, más bien desearon, que los catalanes serían leales al Estado y que el día de la consulta se quedarían en casa o se mantendrían alejados de cualquier tentación colaboracionista en la materialización de un acto suspendido, aunque todavía no declarado ilegal. Redujeron un conflicto de naturaleza eminentemente política a una cuestión exclusivamente de legalidad y desde esa posición la respuesta que se ideó fue que se estaba ante un problema de orden público, que se arreglaba con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El Estado ha despreciado la fortaleza del independentismo como movimiento socialmente articulado, con capacidad para responder razonablemente a las medidas adoptadas por el Estado dirigidas a anular por completo el desafío del 1-O. Visto lo que sucedió el domingo, hay que concluir que el Estado fracasó globalmente en sus pretensiones y su posición ha quedado más debilitada.

El independentismo a pesar de su fuerza como movimiento social ha minusvalorado la capacidad de respuesta del Estado que ha neutralizado elementos esenciales de la logística electoral para que el referéndum pudiera reunir los requisitos mínimos de fiabilidad. Siguen con obstinación ignorando sus limitaciones sociales y políticas para poder llevar adelante un proceso independentista por la vía de hecho en confrontación total con el Estado y sin el menor respaldo de la comunidad internacional. Una cosa es sortear las dificultades para llevar adelante una importantísima movilización para celebrar una consulta y otra bien distinta es crear un nuevo estado y dotarlo de contenido.

La tensión y el enfrentamiento pueden ir a más y de esa pelea llevada al límite ambas partes van a salir malparadas. Sobre todo, puede perder más Cataluña como realidad política autogobernada. Es la hora de la serenidad y de la prudencia inteligente, que busca encauzar el conflicto más que en agudizarlo. Es el momento de apostar por la apertura de vías para el diálogo y la negociación. De reconocer interlocutores en la otra parte y no enemigos. Es el momento para empezar de una vez a entender las razones de la otra parte, aunque no se compartan. Es el momento de abandonar las prisas, las urgencias y las decisiones temerarias.

El independentismo no debe profundizar en la estrategia de la unilateralidad mediante la declaración parlamentaria de independencia. El Estado debe cambiar y aceptar que más allá de un problema de legalidad hay una cuestión de gran calado político a encauzar con las instituciones catalanas, dejando a un lado las tentaciones fácticas, de dar respuestas a la brava como la que se dio el pasado domingo o bien las excepcionales como es la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A esto debería contribuir el Rey, a serenar los ánimos y a la distensión, no a encresparlos.

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