Segunda tentativa

Luzón parece la mejor apuesta paratratar de optimizar, que no de domesticar, el trabajo de los fiscales anticorrupción

ALBERTO AYALA

Alejandro Luzón parecía el pasado mes de marzo el candidato mejor colocado para dirigir la Fiscalía Anticorrupción. Con veinte años de experiencia a su espalda, respetado por sus compañeros de profesión, miembro de la Asociación de Fiscales, mayoritaria y de carácter moderado, sonaba a apuesta del todo segura para el cargo.

Pese a todo, al final no fue el elegido. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, -quien en su etapa en el Supremo, además de mostrar su indudable valía como magistrado, se significó ideológicamente y, entre otras cosas, emitió un voto particular contra la absolución del juez Baltasar Garzón por la comisión de un supuesto delito de prevaricación por abrir un procedimiento sobre los crímenes del franquismo- y el Gobierno Rajoy quisieron garantizarse otro perfil. Uno que fuera permeable a sus propósitos de ‘meter en vereda’ al colectivo de acusadores que investiga las tramas corruptas. Se decantaron por Manuel Moix. Sí, el mismo por el que el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por sus presuntas chorizadas, había mostrado su predilección para que accediera al cargo en conversación con el exministro Eduardo Zaplana.

No hace falta que les recuerde cómo el disciplinado y cumplidor Moix se estrenó cual elefante en cacharrería. Hoy intentando retirar del caso a los fiscales que indagan las ‘mordidas’ del 3% en Cataluña. Mañana poniendo trabas al trabajo de los acusadores públicos en el ‘caso Gürtel’.

Las consecuencias, claro, no se hicieron esperar. Reprobación del pleno del Congreso, junto a sus superiores, el ministro Rafael Catalá y el fiscal general Maza. Y poco después, tras descubrirse que era el titular del 25% de una cuenta opaca en el paraíso fiscal de Panamá heredada de su padre y que tenía declarada, dimisión irrevocable, pese al firme apoyo de Maza.

Carezco de argumentos irrebatibles como para afirmar sin temor a ser injusto si existen pruebas suficientes como para concluir que hay que ‘meter en cintura’ a los fiscales españoles que se encargan de desentrañar las complejas tramas corruptas que circulan por el subsuelo de nuestros partidos y de muchas instituciones. Si la discusión se centra en que son demasiados los sumarios que instruye Anticorrupción que no llegan a buen puerto, tómense las medidas que se estimen oportunas para enmendarlo. Si, por el contrario, ‘meter en cintura’ al colectivo supone que el Ejecutivo, los gobiernos, tengan más posibilidades de meter la cuchara de una u otra forma en el trabajo de los acusadores, obviamente no.

Resulta sangrante escuchar a dirigentes políticos, incluso de los considerados más serios, cargar contra la lentitud de determinadas investigaciones judiciales o contra ciertas peticiones de penas que afectan a sus partidos o a compañeros de militancia y luego conocer de medios policiales solventes, en ‘off the record’ claro, los obstáculos que se han puesto a esas indagaciones desde los gobiernos. Casi siempre limitando los equipos de investigación al servicio de la Justicia.

Alejandro Luzón accede al cargo de fiscal jefe Anticorrupción con un currículo profesional tan acreditado como para merecer de entrada un amplio margen de confianza. Para demostrar que es capaz de mejorar el complejo trabajo de los acusadores públicos contra los corruptos. Con respeto al principio de dependencia jerárquica, sí, pero con autonomía e imparcialidad.

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