El saqueo del Banco Popular

No se entiende cómo, en un país democrático y en una economía de libre mercado, se puede producir una situación tan anómala sin que nadie asuma responsabilidades

Francisco Javier Maqueda Lafuente
FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE

El pasado 7 de junio se produjo uno de los acontecimientos que marcarán el futuro del sistema financiero español. Ese día 305.000 accionistas del Banco Popular, además de los dueños de CoCos y deuda subordinada, veían con indignación cómo sus acciones y derechos dejaban de cotizar en el IBEX 35, perdían todo su valor y se tasaban en cero euros. Pero esa decisión, injusta e inapropiada, tiene una serie de responsables y también unas posibles soluciones para resarcir a los propietarios del banco que se han visto desposeídos de sus legítimos derechos. Al mismo tiempo que la actividad de la entidad no se interrumpía, alguien había tomado la decisión de regalársela al Banco Santander por un euro. No llegamos a entender cómo en un país democrático y en una economía de libre mercado se puede producir una situación tan anómala sin que nadie asuma responsabilidades.

Vayamos por partes. En este país las cosas no funcionan como debieran en un Estado serio, con leyes de libre mercado y con separación de poderes. El ejemplo lo hemos visto en Italia, donde su Gobierno ha inyectado 17.000 millones de euros para rescatar a la Banca Populare di Vicenza y a Veneto Banca. Aquí a un ministro y al presidente del Banco Popular se les permite afirmar, sin ninguna responsabilidad penal de momento, que no pasa nada, que el banco es solvente, etc. Y de la noche a la mañana se lo regalan a su excompañera y amiga Ana Patricia Botín y aquí no ha pasado nada. Pero claro que ha pasado y se llama robo. Hay más culpables, como el gobernador del Banco de España, los responsables de la CNMV, los de la empresa de auditoría, los del FROB y del MUR, y también los directivos y consejeros actuales y anteriores de la entidad, que han manipulado la información facilitada a los inversores y las reglas del mercado.

Esto es un auténtico despropósito. Familias e instituciones arruinadas porque alguien decide que sus títulos dejan de tener valor, cuando el Popular pasó las pruebas de estrés de los reguladores europeos y se estaba trabajando en una ampliación. No puede ser que BBVA, Bankia y el propio Santander prepararan una oferta de compra y que, en mitad del proceso, se fuerce la caída de la acción y se decida regalar la entidad. No puede ser que se trate de decir que la situación era tan crítica que esta era la única solución posible. La empresa no ha cerrado, no ha desaparecido, lo único que ha sucedido es que se ha decidido quitársela a sus propietarios y regalársela al Santander. ¿Y por qué no a BBVA o a Bankia?

Existen varias fórmulas para tratar de solucionar el problema creado y todas ellas pasan por los tribunales, aunque los accionistas pudieran pensar que la Justicia de este país no es independiente y, en consecuencia, que las demandas tendrán que seguirse hasta llegar a los tribunales internacionales. Ejemplos los vemos todos los días en los medios con jueces y fiscales que han participado en la ‘Gürtel’ o las tarjetas ‘black’, y que han sido recompensados por los poderes del Estado con ascensos en el escalafón o puestos en el CGPJ, en ministerios... Y en el caso del Banco Popular pasará presumiblemente lo mismo. De nada sirve que a 305.000 familias se les expolie, que tengan que acudir a despachos de abogados, crear plataformas de defensa... El Santander ofrecerá soluciones a aquellos clientes a los que crea que puede seguir engañando y les dará productos financieros vinculantes y, presumiblemente, pagará muy bien a los que le han ayudado a hacer ese negocio millonario con puestos en consejos de administración y otras prebendas, pero esa no es la solución para los perjudicados. Es como si de repente se le dice a 305.000 ciudadanos que no son dueños de sus pisos porque se decide que, por el precio de un euro, pasan a manos de una empresa privada.

Si no podemos tener confianza en la Justicia tampoco podemos tenerla en los partidos, ya que todos ellos llegan a acuerdos que les permiten seguir conservando sus prebendas e ir intercambiando favores. Por lo tanto, solo vemos tres posibles soluciones a esta gran estafa, y todas pasan por los tribunales internacionales. La primera sería que se obligara al Santander a devolver a todos los accionistas del Banco Popular el importe íntegro de lo que, de buena fe, desembolsaron por sus acciones (lo que se puede demostrar con los correspondientes extractos bancarios). La segunda se plasmaría en la entrega de ese importe en acciones del Santander al precio de cotización del 6 de junio de 2017. Y la tercera opción pasaría porque la entidad de Botín abonara a los accionistas el precio que estimaba como justo en su oferta de compra que preparaba para hacerse con la propiedad del Banco Popular (que rondaría el euro por acción). Pudieran existir otras posibles salidas, pero no creemos que fuesen satisfactorias para los propietarios injustamente desposeídos de sus legítimos derechos.

Y, mientras tanto, el Banco de Santander anuncia la venta de los activos inmobiliarios del Banco Popular, así como de unidades de negocio. Se queda con su cartera de clientes (muchos de ellos PYMES), anuncia previsiones de futuros beneficios multimillonarios y se sitúa a la cabeza en el ránking nacional de entidades financieras. Y aquí, vuelvo a insistir hasta la saciedad, no ha pasado nada.

Al final va a suceder lo que hemos visto con otros responsables bancarios a los que la Justicia considera culpables, pero que, como se han portado bien durante el juicio, no son condenados en su justa medida. Ver para creer. Y es que, señoras y señores, España es «diferente». Y no vale decir, como en el caso de Forum Filatélico y de Afimsa, que los inversores iban de listos y que ya sabían al riesgo al que se exponían. Esta situación es bien diferente y la Justicia debe poder resolver la situación y poner a cada uno en su sitio.

Fotos

Vídeos