La salud, por delante

El Gobierno se ha dado seis semanas para redactar y aprobar un real decreto que recupere la universalización de las prestaciones sanitarias públicas a todas las personas que se encuentren en España. La norma sustituirá a la dictada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, que se escudó en los ajustes presupuestarios para excluir a los extranjeros que no estuvieran adscritos al sistema de Seguridad Social de atenciones distintas a las requeridas por mujeres embarazadas, menores o en urgencias. La restitución de la sanidad universal dará cobertura legal -es de esperar que definitiva- a una práctica extendida de hecho en la mayoría de las comunidades, que desoyeron en su día total o parcialmente la controvertida iniciativa del PP. El Gobierno de Pedro Sánchez está obligado a concertar los términos del decreto con las autonomías. No solo porque la asistencia demandada por las personas a las que afecta -principalmente, inmigrantes en situación irregular- presenta una incidencia territorial muy desigual, sino porque la medida ha de contar con su correspondiente dotación económica y la competencia en materia de sanidad está en manos de las comunidades. Es más, el Ejecutivo socialista haría bien en tramitar posteriormente su iniciativa como proyecto legislativo para garantizar que la universalidad sanitaria efectiva cuente con un compromiso parlamentario de continuidad.