Ruptura desbaratada

Los responsables del proyecto independentista sabían que sus propósitos quedarían en suspenso por su flagrante ilegalidad

EL CORREO

El tono grave y decidido que Rajoy empleó ayer para dirigirse a los ciudadanos, y también a la mayoría que controla las instituciones de la Generalitat, fue la respuesta que cabía esperar del Gobierno tras lo sucedido la víspera en el Parlamento de Cataluña. La impugnación ante el Constitucional, y la suspensión del propio tribunal, de las resoluciones adoptadas para un referéndum ilegal, tanto en la Cámara autonómica como por el Consejo Ejecutivo, se daba por descontada. Pero ha sido la ostentación del desprecio a la legalidad constitucional y estatutaria, y la certeza de que el secesionismo se ve empujado por una inercia irrefrenable para sus propios protagonistas, lo que confiere especial sentido a la firmeza del Gobierno, compartida por PSOE y Ciudadanos. El independentismo se ha recreado en la ilusión de que sus decisiones irían siempre adelante, considerando que las resoluciones contrarias del TC se quedarían en papel mojado frente a la resuelta disposición de un pueblo en marcha. El manejo privativo del poder autonómico como palanca para desbordar el propio cauce estatutario confería a esa ilusión un cierto halo de materialidad. Las imágenes palaciegas del secesionismo permanentemente reunido, compareciendo ante los medios y concitando el apoyo de numerosos cargos institucionales, aportaban verosimilitud al ‘mantra’ socializado de que todo sería distinto tras el referéndum. Sin embargo, es imposible que los responsables últimos de la edificación del proyecto independentista no supieran que sus pretendidos cimientos y el andamiaje de la transición hacia una república catalana quedarían en el aire, al descubierto, una vez que el Constitucional se dispusiera a desechar su validez jurídica. Aunque Puigdemont tratara de poner al TC fuera de juego, en su comparecencia nocturna del miércoles, la ley y su aplicación no son resortes que activa a última hora el Estado constitucional. Se trata de compromisos de convivencia a los que se atiene la mayoría de los ciudadanos y de funcionarios públicos, por convicción. El referéndum anunciado para el 1 de octubre no se va a celebrar. Pero no porque así lo haya establecido Rajoy. No va a tener lugar porque, frente a la obcecación secesionista, hay una mayoría social crítica en Cataluña que valora más las bondades de un sistema imperfecto, e incluso insatisfactorio, que las promesas de la temeridad a ultranza. Forman parte de esa mayoría social crítica con la efervescencia independentista los alcaldes que se atendrán a la legalidad, los funcionarios que se negarán a obedecer requerimientos contrarios a sus obligaciones de servidores públicos y, sobre todo, los ciudadanos que esperaban una mínima rectificación moderadora de las ansias secesionistas al abrigo del poder autonómico.

Identidad excluyente

El discurso rupturista que justifica forzar las normas de la autonomía catalana para deshacerse de la contestación interna a cuenta de la cerrazón de los poderes centrales del Estado se vino abajo el miércoles por los modos empleados, sin ningún miramiento, para acallar a los demás. El independentismo gobernante se retrató minuto a minuto en su aversión al pluralismo; en su vindicación de una identidad excluyente de lo catalán. Pero el canto final de ‘Els segadors’ por parte de quienes permanecieron en la sala de plenos no puede ocultar, entre otras cosas, que las instituciones de la Unión Europea denuestan la flagrante vulneración de la legalidad constitucional de uno de sus países socios, que es España.

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