Respuesta desproporcionada

El Gobierno de Rajoy debería asumir el fracaso de su inacción en el campo político y su exagerada apuesta por las vías represivas en las últimas semanas

Braulio Gómez
BRAULIO GÓMEZ

Por todos los medios se trató de evitar el 1-O. Se prohibió la discusión política con las formaciones que defendían una consulta legal y pactada. Se prohibió la celebración del referéndum unilateral que intentaba mantener un mínimo de garantías procesuales. Se persiguió como delito la apología del referéndum, se detuvo preventivamente a los organizadores, se incautaron papeletas y carteles de propaganda, se cerraron páginas web, se amenazó a los medios de comunicación que querían informar sobre el referéndum. Se cortó cualquier posibilidad de tener un censo decente y se amenazó a alcaldes y a ciudadanos catalanes con la cárcel y multas si se convertían en colaboradores de un referéndum. Se llenó de policías y fuerzas de seguridad el territorio catalán para conseguir que no hubiera ningún tipo de proceso participativo con urnas. El objetivo era impedir la votación policial y jurídicamente. Para ello, el Gobierno español se saltó todas las líneas rojas imaginables que resguardan los derechos más básicos en las democracias de calidad.

A pesar de todo, la ciudadanía catalana fue a votar. Si el objetivo del Gobierno era que no hubiera urnas ni colegios abiertos el 1-O nadie puede dudar de que no lo consiguió. Cualquiera que paseara ayer por las calles de Barcelona constataría la incapacidad y la ineficacia de las medidas policiales y jurídicas desarrolladas en las semanas previas. Pero la mayor derrota del Gobierno español no ha sido la imagen de las urnas con ciudadanos pacíficamente votando en la jornada de ayer. El fracaso del Ejecutivo de Rajoy es haber dado una respuesta desproporcionada al desafío pacífico y cívico que le planteó la ciudadanía catalana con su determinación y empeño de votar. Los medios internacionales, hasta ahora desconectados del referéndum, hablan abiertamente de la represión ejecutada por el Estado español contra parte de sus ciudadanos. Ciudadanos desarmados, indefensos y sin ninguna intención violenta. Hablan de cientos de heridos. Mis colegas de universidades extranjeras no entienden los motivos de la actuación de la Policía española contra ciudadanos catalanes. Seguro que tampoco lo entienden los colegas internacionales de Rajoy. Pero el problema no tiene nada que ver con la calidad de las fuerzas de seguridad del Estado español. El problema tiene una evidente responsabilidad política. El Gobierno de Rajoy debería asumir la responsabilidad de su irresponsable inacción en el campo político en los últimos años y su exagerada actividad represiva desarrollada en las últimas semanas, culminada con la triste jornada de ayer. Tras el 1-O el Estado español es más débil. Y la unidad que pide el Ejecutivo alrededor de Mariano Rajoy puede acabar de romperlo.

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