Un recurso discutible

El Consejo de Estado propina un revés al Gobierno por impugnar la candidatura de Puigdemont

Un recurso discutible
EL CORREO

Es comprensible que el Gobierno se movilice para impedir el sainete de la investidura telemática de Carles Puigdemont mediante un nuevo y clamoroso fraude de ley. Sin embargo, la más elemental prudencia obliga a no dar pasos en falso en un asunto tan sensible y sobre el que están puestas tantas miradas en la comunidad internacional. El Consejo de Estado propinó ayer un revés al Ejecutivo al no observar, en este momento, motivos para el recurso ante el Tribunal Constitucional que había anunciado horas antes contra la candidura a la presidencia de la Generalitat del prófugo de la Justicia, propuesta por la Mesa del Parlament. El informe del órgano consultivo -preceptivo, aunque no vinculante- pone en evidencia las prisas del Gobierno para torpedear la estrategia del independentismo. La impugnación, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy pese a todo, se fundamenta en que los cargos y las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont le impedirían estar presente en el pleno de la Cámara del próximo martes. El recurso suscita razonables dudas legales. Sobre el expresidente de la Generalitat pesa una orden de detención en cuanto pise suelo español. Pero sus derechos políticos no están suspendidos, como parecería deducirse de la iniciativa del Gobierno, lo que dificulta construir a día de hoy una impugnación de ese tipo con sólidos argumentos jurídicos. Es cuestionable que quepa recurrir ante el Constitucional hechos que todavía no se han producido, como la eventual participación del líder autoexiliado en ese pleno del Parlament. Parece más sensato esperar a que la Mesa de la Cámara -de mayoría independentista- apruebe en las próximas horas el voto delegado de los parlamentarios huidos y una investidura a distancia de Puigdemont. El Consejo de Estado confirma que existe una sólida base para actuar contra ambas decisiones, que vulneran la ley y serían suspendidas cautelarmente en cuanto el Constitucional admitiera a trámite un recurso. Cabe esperar que la acelerada actuación del Gobierno no sea una cortina de humo para intentar tapar la financiación con dinero negro del PP valenciano.

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