Razones para no votar

Un referéndum ilegal, ideado para que una parte de la ciudadanía se imponga al resto, cercena los valores de convivencia

ELCORREO

Seguramente, los soberanistas que han llegado hasta estas vísperas de la fecha señalada para el imposible referéndum tendrán en este momento un agridulce sentimiento, mezcla de euforia y decepción. Por un lado, el nacionalismo catalán ha mostrado con contundencia un inocultable encendimiento social, que en alguna medida es consecuencia de un cúmulo de errores encadenados en que el Estado no es inocente: el proceso hoy al borde de la deflagración nos ha ilustrado a todos sobre las deficiencias del modelo y la falta de cauces institucionales de negociación y diálogo. Pero, por otro lado, experimentará también la frustración de ver que el esfuerzo no fructificará porque ha salido de los actuales cauces democráticos. Parece evidente que si la cuerda se tensa hasta el punto de ruptura, se producirán desgarros difíciles de reparar. Quienes han sido convocados a expresarse mañana saben perfectamente que la invocación que se les formula está fuera del marco jurídico constitucional de convivencia que se ha dado este país. Unas regalas del juego pactadas entre todos tras la dolorosa dictadura y que le han traído hasta aquí, a lomos de una creciente prosperidad, de una paz envidiable y unas libertades impecables. En consecuencia, acudir a votar supondría hacer tabla rasa de los grandes valores que erigimos entre todos y que dieron lugar a unas reglas de juego que ahora algunos quieren violar. Es poco realista imaginar que ese Estado, arropado por el club democrático que es la Unión Europea, vaya a claudicar ante la presión unilateral de un separatismo que ha vulnerado todas las normas que la propia Constitución contiene. Por ello, lo sensato sería que, una vez dado el sonoro aldabonazo, se abrieran las puertas de la negociación y el diálogo, previa renuncia a una consulta que sólo puede interpretarse como la imposición de una parte de la sociedad catalana sobre el resto de la ciudadanía. Más de uno pensará que esta apelación es ingenua porque, llegados a este punto, la rectificación es ya poco menos que imposible. Sin embargo, es ahora, al borde del abismo, cuando más sentido tiene reconocer que siempre hay tiempo de utilizar la palabra para resolver los contenciosos. Y en cualquier caso, si la obstinación de quienes quieren reducir a ceniza el marco constitucional no cede, la ciudadanía debe reparar esta sinrazón y dar la espalda a una convocatoria ilegal que es impropia de un sistema democrático maduro y avanzado.

Reducir la deuda

La deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en 1.138.000 millones de euros en el segundo trimestre del ejercicio, lo que representa un 100% del PIB, 30.800 millones más que en el mismo periodo de 2016. La principal urgencia económica del Gobierno es cumplir el objetivo de déficit y reducir el paro. Y es cierto que la deuda no es una variable inquietante en tiempos como los actuales, con tipos de interés muy cercanos a cero, pero constituye sin duda el punto débil de nuestra economía, y más en momentos de inestabilidad política como los que se están viviendo. Cualquier subida de los tipos de interés -y la tendencia va en esta dirección- produciría serios desequilibrios presupuestarios por la elevación del servicio de la deuda, lo que a la vez elevaría nuestra prima de riesgo. Ante esta evidencia, no se puede mirar hacia otro lado como si nada ocurriera.

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