Razón democrática y unilateralidad

Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

Le asiste la razón democrática a la inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña que demanda la celebración de un referéndum. No solo porque la aspiración independentista es lícita, sino también porque forma parte del acervo democrático de sociedades abiertas que los ciudadanos puedan tener cauces legales para poder expresar su voluntad directamente. En términos democráticos es incuestionable que el pueblo de Cataluña tiene derecho a manifestar su voluntad, también sobre la independencia, y que la misma sea tenida en cuenta por el Estado español. Sin embargo, es controvertido que la voluntad expresada se pueda imponer al conjunto de España como si fuera el resultado del ejercicio de un derecho de secesión reconocido a Cataluña.

La inmensa mayoría de los catalanes, tras un largo proceso de desencuentro político con los poderes centrales del Estado, entiende que, hoy por hoy, no hay otra salida que conocer realmente qué quieren respecto a su futuro como comunidad política y para ello no ven cauce más adecuado que la celebración de un referéndum. De ahí que desde el punto de vista de la legitimidad democrática esta posición tenga un valor añadido en comparación con los que niegan o se oponen a la misma alegando solo la causa legal.

Es cierto que a quienes defienden la celebración de un referéndum en Cataluña no les asiste la razón legal, pues el ordenamiento actual, tal cual está, sin reformas, no dispone de cauces para la celebración de un referéndum legal. Pero eso tiene solución, como en su día dejó escrito Francisco Rubio Llorente, cuando afirmaba que, si una minoría territorializada desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esa voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Y añadía, pero antes habrá que saber la dimensión y solidez de esa voluntad independentista y para eso no hay otro camino que el referéndum.

Sin embargo, esta superioridad democrática, política e incluso moral del planteamiento proreferéndum se está deteriorando desde que el rupturismo ha logrado instrumentalizar el derecho a decidir hasta convertirlo en un proceso unilateral a la independencia. La vía de hecho a la independencia basada en la unilateralidad se explica y justifica por sus impulsores por la negativa del Estado a ofrecer un cauce legal a la petición de referéndum. Pero se oculta que la unilateralidad es también un mecanismo de imposición de un proceso político no acordado en el seno de la sociedad catalana, cuando no existe ningún mandato popular expresado en las urnas que legitime la estrategia impulsada por JxSi y CUP.

Es más, las elecciones del 27 S, que el independentismo planteó como plebiscitarias, no otorgó el aval democrático para legitimar la vía de ruptura unilateral que se está llevando a cabo. Lo aprobado estos días en el Parlament debilita las bases políticas y jurídicas del principio democrático en el que se sustenta el referéndum y le resta credibilidad y simpatía en el ámbito internacional. El 1-O no se producirá nada que podrá ser considerado a nivel interno e internacional como un referéndum con efectos políticos y jurídicos. Si consiguen sortear las dificultades y se abren los colegios electorales, el soberanismo rupturista se la juega, pues un índice de participación sensiblemente inferior al 50% del censo sería una mala noticia, teniendo en cuenta que en las ‘plebiscitarias’ del 27 S, la participación fue del 75%. Me temo que la ‘vía catalana’ no va a salir bien y algunos van a quedar muy dañados, aunque el 2-0 el problema persista, pero seguramente bajo otras coordenadas.

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