Rajoy el sorprendente

Tras la euforia de ayer, el independentismo se enfrenta ahora al desafío de las urnas

Kepa Aulestia
KEPA AULESTIA

El Parlamento de Cataluña por una parte y el Senado por la otra adoptaron ayer sendas resoluciones que tenían algo en común: carecían de precedentes. No sabíamos qué puede dar de sí una declaración que anunciaba la apertura del proceso constituyente de una república independiente desgajada de un país miembro de la UE. Tampoco conocíamos la practicidad del artículo 155 de la Constitución. Pero mientras los catalanes se veían arrastrados hacia un mundo desconocido por acción de la espiral independentista, un sorprendente golpe de mano encauzó el desastre hacia la normalidad: la convocatoria de autonómicas para el 21-D.

Es habitual que los juicios sobre las culpas contraídas cuando se desata una crisis política e institucional se refieran a un pasado remoto, a las causas últimas del desencuentro, o a consideraciones sobre tal o cual contexto propicio a la confrontación. Pero la búsqueda de las raíces más profundas de un contencioso trata de soslayar, por lo general, las responsabilidades más recientes. Estos días se han vuelto a escuchar relatos que superponían problemas de siglos en el encaje de Cataluña en España con la afrenta que supuso el cepillado a fondo del Estatut por parte del Tribunal Constitucional; todo para explicar que la independencia resulta inevitable. La otra parte de la narrativa señala la impasibilidad de Rajoy como causante del desastre de ayer, por haber obviado durante sus mandatos que había un problema ‘en’ y ‘con’ Cataluña. La conclusión en que desembocan ambas historias es que la independencia no solo es inevitable, sino que sus promotores no pueden hacer otra cosa que declararla unilateralmente cuando ‘el otro’ se niega a aceptarla de buen grado. Aunque, sobre todo, se trata de preservar la inocencia independentista, pasando por alto la nimiedad de que los aspirantes a ella no han dudado en desbordar la legalidad constitucional y estatutaria en pos de una legalidad emancipadora: «iniciamos el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante».

Creíamos ser testigos de un ‘proceso’, y ayer se nos anunció el inicio de otro que, en buena lógica, requeriría la celebración de unas elecciones previas. La mitad más uno de un parlamento no puede erigirse en constituyente sin encomendarse a la voluntad política de los ciudadanos. Puigdemont rehusó de víspera convocar nuevos comicios, sin duda para preservar la comunión independentista por encima de todo. Lo paradójico es que, en aplicación del 155, sea Rajoy quien proceda a la disolución de la Cámara autonómica y decida poner las urnas el próximo 21 de diciembre, cuando todo presagiaba el regreso a la preautonomía. Es la gran contradicción a la que, después de la euforia de ayer, se enfrenta el independentismo en Cataluña. Después de simular que era capaz de saltar al vacío tendrá que esforzarse por concurrir lo más ordenadamente posible a unos nuevos comicios cuya convocatoria ha dejado en manos de La Moncloa. Hasta ayer el independentismo institucional simulaba poco menos que una revolución cuando, en realidad, sostenía su discurso sobre un amplio poder autonómico. Desde hoy se verá obligado a partir de cero, a ganarse el favor del público presentándose con siglas separadas, a refugiarse en las alcaldías como si todo volviese a empezar.

Hasta ayer la aplicación del 155 no generaba más que dudas y temores. Hoy todo se vuelve más diáfano y se despeja el horizonte próximo. El gobierno de Cataluña volverá a ser de los catalanes en el plazo de dos meses. Puede que los ciudadanos depositen su confianza, escaño arriba escaño abajo, en un arco parlamentario semejante al anterior. Pero el independentismo no tendrá más remedio que reconocer sus propios límites. Sus límites sociales, porque no alcanza a la mitad de la población de Cataluña; sus límites legales, porque volverá a verse en las mismas si insiste en sortear las normas vigentes; sus límites de legitimidad, cuando confunde la licitud de sus planteamientos con su práctica imposición; sus límites de credibilidad, al ver que tantas empresas se han ido sin que piensen en volver a la incertidumbre; sus límites de reconocimiento internacional, cuando nadie fuera de la España plurinacional llega a entender esto.

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