PUIGDEMONT INSISTE EN EL DESAFÍO

Rajoy sabe que se la juega. El Estado debe hacer valer la legalidad con prudencia, sin dar argumentos victimistas a los 'indepes'

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

El destituido president de la Generalitat, Carles Puigdemont, insiste en su desafío al Estado. Sin alzar la voz, sin hacer ostentación de ello, sin verbalizarlo con claridad. Pero se resiste a aceptar su nueva condición legal de ‘ex’.

Menos de veinticuatro horas después de que el Gobierno Rajoy interviniera la autonomía catalana y destituyera al Govern en respuesta a la declaración de independencia aprobada por una pírrica mayoría en el Parlament, Puigdemont dirigió ayer a mediodía un ‘mensaje institucional’ al país. Grabado, eso sí. A la hora de su emisión disfrutaba de una copa de vino tinto en un bar de Girona, en el que almorzó.

No se autopresentó como president -ya se encargó de hacerlo la televisión pública catalana, finalmente no intervenida- ni compareció desde el Palau, aunque usó el atril presidencial y en semejante condición se dirigió a sus conciudadanos. También evitó explicitar que no acata su destitución, pero sus medidas palabras no dejan margen de duda.

Puigdemont anunció que seguirá «trabajando por cumplir los mandatos democráticos». Pidió al mundo ‘indepe’ «oposición democrática» al 155, «sin violencia ni insultos». Y evitó informar de cómo marcha el marcador de reconocimientos internacionales de su ‘república catalana’: cero. Ni el manoseado Quebec que se dispone a visitar nuestro lehendakari Urkullu.

El pulso ha comenzado. Y amenaza con agravarse en las próximas horas. Por ejemplo, si el destituido president intenta acceder a su antiguo despacho en el Palau. Si reúne al que fue su gabinete, también cesado, para adoptar decisiones, como la convocatoria de unas eventuales elecciones constituyentes. O si se niega a declarar tras las probables citaciones judiciales.

La decisión de Rajoy de limitar a 54 días el período de excepcionalidad en Cataluña es el mejor reconocimiento de que el presidente del Gobierno español es del todo consciente de que el 155 es necesario, por supuesto. Pero políticamente muy peligroso.

Rajoy sabe que se la juega. Que solo tendrá opciones de superar el trance con éxito si el Estado, todas las instituciones del Estado, actúan con prudencia y mesura, evitando dar argumentos para el victimismo a un secesionismo que ha empezado a dudar tras las negativas consecuencias económicas y sociales de sus actos.

Ello incluye a los partidos, por supuesto. Qué gran momento para dar unas cuantas semanas de vacaciones a algunos pirómanos dialécticos que pretenden devolvernos a la predemocracia y rehacer nuestro sistema político sin parte de sus actuales actores, aunque nos gusten poco o nada. Y, claro, al poder judicial.

El secesionismo tiene tres semanas para decidir si concurre o no a las autonómicas de diciembre. Y si lo hace en uno o dos bloques, o por separado. Incluso si exacerba su desafío al Estado y convoca elecciones constituyentes.

Optar por el boicot podría significar el suicidio a corto plazo del secesionismo. Porque le aislaría interna e internacionalmente.

Si todos los actores deciden aceptar el juego democrático, el resultado electoral nos dará la foto real de la Cataluña actual, sin lecturas interesadas. Si vota y a quién vota parte del antiguo electorado catalanista moderado de Convergencia y de Unió. Así como si la Cataluña llamada silenciosa abandona su pasividad y acude a las urnas puede resultar determinante para que la balanza se incline de un lado o del otro. Algo de todo menos baladí.

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