Proteger la seguridad

Los Mossos, como las demás fuerzas policiales, están para defender la legalidad, y la primera ley es la Constitución

EL CORREO

El Gobierno de la Generalitat se había cuidado de situar en la consejería de Interior a un soberanista de confianza -Joaquim Forn sustituyó a Jordi Jané el 14 de julio- y al activista Pere Soler en la dirección de los Mossos d'Esquadra en sustitución del moderado Albert Batlle. Tras estos cambios era de temer que esta fuerza pública no fuera a actuar con entusiasmo en la defensa de la legalidad constitucional, como se ha podido comprobar estos días, sobre todo en la tardía actuación ante la Consejería de Economía, cuando fue necesario disolver una manifestación para que pudiera abandonar las instalaciones una comitiva judicial que había realizado un registro. Ayer, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, convocó a los jefes de las fuerzas de seguridad para comunicarles que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, de la Secretaría de Estado de la Seguridad, asume la coordinación de las tareas tendentes a impedir el referéndum del 1-O, pero el mando lo sigue ejerciendo la Fiscalía. Forn anticipó que el 'major' Trapero habría optado por «no acatar esta decisión», que la consejería interpreta como «una injerencia inaceptable», ya que para la Generalitat esa medida sería una excusa del Estado para poder así dirigir a los Mossos. Sin embargo, Trapero, que coincide con Forn en el rechazo a la tutela, niega que se haya producido una intervención y ha comunicado a sus mandos que «seguirá dando cumplimiento a las órdenes de la fiscalía». Existe, claramente, una ambigüedad en los mandos catalanes de Interior. Sólo si Trapero no acudiera a la cita o no admitiera las órdenes del coronel De los Cobos podría hablarse de desacato. Veremos. La verdad es que este inconformismo policial, ulterior a la ruptura política, primero, y a la disidencia jurídica, después, sería un problema muy grave y delicado. La Policía está para defender la legalidad, y la primera ley es la Constitución. Además, nadie puede garantizar que la tensión reinante no se incendie si no se actúa con la necesaria inteligencia y la debida prudencia. Es innecesario decir que, una vez que el Gobierno del Estado ha manifestado con rotundidad que no cederá ante el incumplimiento de la ley, cuanto no sea acatar el Estado de derecho dificultará aún más el arduo camino hacia una solución política que a fin de cuentas es la única imaginable.

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