Proceso inviable

Las instituciones de la Generalitat pueden todavía devolver a Cataluña a la racionalidad política e institucional

EL CORREO

El pleno celebrado ayer por el Parlamento de Cataluña reflejó, en su tenso desarrollo, hasta qué punto el independentismo no está dispuesto a detenerse ni un segundo para valorar los efectos que su obcecación rupturista tiene ya sobre el principio de legalidad, la credibilidad de las instituciones y la convivencia entre diferentes opciones. Los intentos por sortear o forzar las normas vigentes, desde la Constitución hasta el reglamento de la propia Cámara, para procurar una apariencia de legalidad no se sostienen en lo más mínimo. El dictamen del Consejo de Garantías y el de los servicios jurídicos del Parlamento así lo señalan. Pero, además, esa retorcida pretensión de transitar «de la ley a la ley» para instaurar una república catalana sobre la vulneración de la Constitución revela la nula calidad democrática en que se asienta el proyecto independentista. Es imposible que las instituciones de la Generalitat recuperen crédito en su relación con los demás poderes e instancias del Estado mientras quienes ostentan el Gobierno autonómico no estén dispuestos a atenerse a su ámbito de responsabilidad de acuerdo al Estatut. Claro que lo peor del episodio de ayer está en la profunda quiebra que el pleno proyectó hacia la sociedad catalana. Quiebra de los valores que definen y dan sentido a una democracia parlamentaria en cuanto a la igualdad y la diversidad en la participación política; además de ruptura de esa mínima sintonía de país que Cataluña precisa para clarificar cuáles son los intereses comunes de los catalanes. Y quiebra de la confianza que cualquier opción legítima necesita labrarse respecto a las demás, sin que éstas alberguen fundadas razones para temer que sean excluidas o relegadas en la esfera política. Cada paso que el independentismo se obstine en dar para la tramitación formal de la Ley de Referéndum o de la Ley de Transitoriedad se verá impugnado y anulado con toda seguridad por el Tribunal Constitucional; sea en cumplimiento de sentencias anteriores, o con nuevas resoluciones. Desde el debate pretendido de normas a todas luces ilegales hasta su eventual aprobación parlamentaria o aplicación mediante decreto de Gobierno quedarán invalidadas sin remisión. De modo que las instituciones de la Generalitat tienen ante sí dos opciones. La primera, persistir en la simulación de un procedimiento formalmente legal que nunca podrán hacer realidad -ni en cuanto a la celebración del referéndum ni en cuanto a la gestación de una estructura normativa y administrativa que constituya estado propio-. Por el contrario, pueden evitar aún los daños más que previsibles que la terquedad secesionista pueda causar cada día, devolviendo a Cataluña a la racionalidad política e institucional que demanda toda sociedad abierta.

Ley frente a victimismo

Las críticas que por omisión o impasibilidad puedan merecer el Gobierno de Rajoy y otros anteriores en cuanto al pasado no han de tornarse en estos momentos en un reproche que atenúe o justifique las responsabilidades contraídas por los responsables de la Generalitat en su salto al vacío independentista. Tampoco sirve para nada apelar a soluciones salomónicas sin fundamento real o al entendimiento, cuando el secesionismo insiste en desprenderse de cualquier viso de legalidad que le contradiga o contenga su ímpetu rupturista. Los acontecimientos inmediatos están anunciados ya. Asistiremos a una sucesión de decisiones y medidas adoptadas por el secesionismo institucional que se verán anuladas, y al enésimo esfuerzo rupturista por presentar la acción de los tribunales como motivo de agravio nacionalista. Lo más relevante en estos momentos es que la ley se sitúe por encima del victimismo en Cataluña en el ánimo de la inmensa mayoría de los catalanes.

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