el procés desbocado

Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

El proceso soberanista en Cataluña está ya desbocado, sin control real de sus promotores, sin los contrapesos necesarios de la actuación prudente y razonable, guiado por la inercia de la convocatoria del 1 de octubre, que se ha interiorizado como un ‘mandato imperativo’. El peor escenario es que se no se impidiera coercitivamente celebrar el referéndum, dejar hacer, y el nivel de participación fuese sensiblemente inferior al del 9-N. Sería un golpe fuerte para el soberanismo rupturista. Pero para su suerte ese riesgo no se va a dar gracias a Rajoy.

La remodelación del Gobierno y las dimisiones son la expresión de una crisis innegable en el seno del soberanismo que se hace visible cuando desde el independentismo más radical se impone sobre el conjunto del movimiento una dinámica rupturista. La crisis tiene que ver con las dificultades y las limitaciones que tiene toda estrategia que pretende abordar cuestiones de gran calado político y social, como es la de la secesión y la creación de un Estado propio. Esas limitaciones se agrandan exponencialmente cuando el escenario de la consulta es el resultado de una decisión unilateral.

He defendido en más de una ocasión que el conflicto que enfrenta al poder político de Cataluña con el poder central del Estado, hoy por hoy, solo se puede encauzar dando la palabra a los catalanes para que de una vez se sepa con certeza cuántos son los ciudadanos de Cataluña que desean la independencia. También es cierto que los catalanes pueden desbloquear la situación si en lugar de acudir a las urnas con motivo de la independencia son llamados a votar una reforma constitucional y ésta resultare aprobada en Cataluña. Las dificultades que tiene la consulta unilateral en un Estado que pertenece a la UE son inmensas. No solo por la actuación decidida del Estado español, que va a hacer uso de todos los recursos legales para impedirla, sino sobre todo por la falta de aliados internacionales dispuestos a legitimar una actuación que está prohibida por los tribunales que esos Estados reconocen como legitimados.

El problema que presenta la unilateralidad no es solo de legalidad, sino también de legitimidad, pues no hay mayoría de catalanes que hayan dado un mandato expreso a sus responsables para celebrar un referéndum como el que se pretende para octubre. El problema esencial de la unilateralidad no reside en que lo sea respecto al Gobierno central, sino que lo es respecto a más de la mitad de la ciudadanía catalana que no está de acuerdo en celebrar el referéndum en esas condiciones, aunque una mayoría muy cualificada se muestra favorable a uno pactado.

Si tras la consulta unilateral estuviera el 80% de la ciudadanía, seguiría existiendo un conflicto con la legalidad, pero el principio democrático de la mayoría clara se impondría y se generarían las condiciones para que la legalidad se adecuara para dar cauce a la voluntad mayoritaria. Pero cuando la iniciativa del referéndum unilateral no cuenta con el mandato expreso de la ciudadanía, pretender seguir adelante, como si se estuviera cumpliendo el mandato popular inequívoco, puede ser, además de un error político, la expresión de un comportamiento político de difícil encaje democrático.

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