Prevenir lo peor en Cataluña

El artículo 155 supone el control ejecutivo en ámbitos donde la administración autonómica sea contraria a cumplir la ley

EL CORREO

La suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la Ley de Transitoriedad independentista fue saludada ayer por los responsables del Gobierno de la Generalitat con la desafiante advertencia de que solo obedecerán al Parlamento de Cataluña. La Fiscalía General del Estado transmitió a los Mossos d’Esquadra -junto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil- que la obediencia debida a sus responsables políticos «no podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos contrarios a la Constitución», y les instó a «intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal». Unas instrucciones que son extensivas a todos los funcionarios públicos. Sin embargo, la actitud de los responsables de la autonomía catalana y de los partidos y entidades secesionistas de cara al 1 de octubre obliga a contemplar la eventualidad de que no se atiendan las resoluciones del Constitucional, y se pretenda mantener el pulso hasta el final con la complicidad, activa o pasiva, de quienes deben velar por cumplir la legalidad y las resoluciones judiciales. La intervención de los poderes centrales del Estado constitucional ha de ser la mínima indispensable para impedir la celebración del referéndum rupturista en Cataluña. Pero su magnitud depende de la mayor o menor obstinación con que el independentismo institucional persista en su empeño. Es en este punto donde surge la posibilidad de que se aplique el artículo 155 de la Constitución, cuyo contenido no presupone -como a veces se da a entender- la anulación del autogobierno en su conjunto, sino el control ejecutivo sobre aquellos ámbitos de la administración autonómica en los que ésta se muestre renuente o contraria al cumplimiento de la ley en aspectos cruciales. Desde el punto de vista del procedimiento requerido para la aprobación de una medida tan excepcional, al Gobierno central le bastaría con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado para hacerla valer. Pero, partiendo de que lo deseable es que la inercia secesionista no aboque a ello, lo óptimo sería que tal supuesto se sostuviera sobre la base de una amplia coincidencia entre la formación que preside Mariano Rajoy, el PSOE y Ciudadanos.

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