PRESUPUESTOS EN ABIERTO

Las Cuentas de 2018 apenas tienen credibilidad, cuando la estabilidad política hace aguas

PRESUPUESTOS EN ABIERTO
EL CORREO

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregó ayer el proyecto de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en un ritual conocido que esta vez no pudo disimular la preocupación que afecta al Gobierno: que el incremento de las partidas destinadas a pensionistas, funcionarios y prestaciones públicas no llegue a conmover a la sociedad tanto como para que los demás grupos parlamentarios -salvo Ciudadanos- se vean obligados a facilitar la aprobación de las Cuentas para este año. Tanto Rajoy como Montoro insisten en defender partida por partida su proyecto como si fuese la única fórmula para asegurar la recuperación económica. Pero a estas alturas es muy difícil que la opinión pública acepte esa aseveración como corolario. La insistencia en que no cabe imaginar otras Cuentas ha llegado a su caducidad cuando los otros partidos no se sienten concernidos. Ni siquiera el PNV, cuyos votos son decisivos, pese a que los Presupuestos elevan en un 32% la inversión del Estado en Euskadi, que ascenderá a 509 millones de euros. En un contexto de mayor estabilidad institucional y previsibilidad política, hubiese bastado con que el Gobierno desgranase las ventajas de su propuesta -por ejemplo, 450 euros más de media al año para las pensiones de viudedad, 250 más para las mínimas y 100 más para los pensionistas de hasta 12.040 de percepción- para que se desatara un clamor de pragmatismo social, dispuesto a renunciar a algo mejor. Pero en la actual situación es probable que una amplia mayoría de los destinatarios del anuncio presupuestario -estén en la jubilación, sean funcionarios o dependan de ayudas sociales- dé por descontado lo que el Ejecutivo presenta como una oferta indeclinable. Otro tanto ocurre con el interés que despiertan los compromisos de inversión en infraestructuras. Los calendarios de ejecución varían de tal manera que carecen de credibilidad. Ello cuando pasa desapercibido que la inversión pública en España continúa por debajo del 2% de su PIB. La política de consignas continúa supliendo el necesario debate sobre el futuro del sistema de pensiones, sobre el carácter social de los presupuestos de inversión, y sobre la apuesta por otro modelo productivo. El panorama de los partidos pronostica variaciones que no pueden sustraerse a esas disyuntivas presupuestarias.

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