Paz y presos

Una gran mayoría de presos de ETA puede y debe acercarse a cárceles vascas y evitar así sufrimientos a sus familias, porque el relato de la verdad gana legitimidad con esta actitud conciliadora

Ramón Jáuregui
RAMÓN JÁUREGUI

Hubo un tiempo en que la sociedad y la política vascas creyeron que «paz por presos» era una ecuación razonable. Al mismo tiempo, se negaban tajantemente concesiones políticas a la violencia. Se decía: «La política no es negociable con las armas, pero si las abandonáis seremos generosos». Más o menos ese era el esquema filosófico de nuestra estrategia en los 80, bien reflejada en el propio pacto de Ajuria Enea.

Eran tiempos de desesperanza en que el final fuera posible. Durante muchos años, vivimos esos sentimientos de dificultad para salir de aquel túnel horrible. Estos días en que conmemoramos los treinta años de Hipercor y Zaragoza y los veinte de M. A. Blanco, recordaba este razonamiento para valorar, -nunca lo haremos suficientemente- la extraordinaria victoria de la democracia sobre el terror. Nadie puede cuestionar que el final de ETA ha sido limpio, democrático, irreversible, «para siempre» como rezaban las pancartas que tantas veces, tantos años, portábamos las fuerzas democráticas.

Pronto hará seis años que ETA asumió el fin del terrorismo y desde entonces nada ha puesto en duda esa decisión. Por el contrario, a lo largo de estos años han ido confirmando su voluntad de abandonar las armas, a través de una serie de anuncios y actos que hacen más creíble todavía la realidad de la paz en la que vivimos, al margen de la ampulosa liturgia en la que los han envuelto. La localización de sus zulos, los actos de reconocimiento del daño causado y de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas y la disolución del Comité Internacional para la Verificación son los últimos gestos que acreditan esa decisión. Sin duda, queda algo muy importante por hacer: disolver la organización armada y encauzar a la política sus causas. Esta solemne decisión no la han tomado y en mi opinión, es condición necesaria para un tratamiento penitenciario diferente de sus presos.

«De ninguna manera», dijo el Ministro de Justicia hace unos días en Santander para cerrar el debate sobre la posibilidad de cambiar la política penitenciaria. No obstante, conviene recordar que la dispersión se basaba en la necesidad de desarticular a la banda también en las prisiones, porque estaba comprobada su influencia en la continuidad de las acciones terroristas, incluso a veces exigiendo desde ellas más asesinatos. Pero sin violencia y con la mayoría de los presos en fase de reinserción social, no hay razón para la dispersión en cárceles alejadas de sus familias. Esto no quiere decir que haya que traer y juntar a los presos de ETA en las cárceles del País Vasco. Seguirá habiendo fuertes razones para mantener aislados y alejados a presos con nulas intenciones de reinserción o con peligrosas actitudes en favor de la violencia. Pero una gran mayoría de presos de ETA puede y debe acercarse a cárceles vascas y evitar así sufrimientos paralelos a sus familias.

También puede flexibilizarse el régimen de cumplimiento de las condenas a aquellos presos cuya voluntad de reinserción social es evidente y por lo que sabemos, son mayoría. Cosa por otra parte muy comprensible y razonable cuando se arrastran decenas de años en la cárcel. Los permisos temporales, la prisión condicional y otras fórmulas de cumplimiento de las penas más favorables están pensadas para la reinserción precisamente. También se puede y se debe facilitar el cumplimiento de las penas en arresto domiciliario cuando la enfermedad grave del preso lo aconseje.

En septiembre, la mayoría de presos de ETA van a solicitar a los jueces de vigilancia penitenciaria la aplicación de este tipo de medidas. Esto significa que los presos, previamente aceptan la legalidad, renuncian a la militancia en la organización terrorista, rechazan los delitos cometidos y asumen compromisos para resarcir a sus víctimas. Me pregunto si vamos a reaccionar con escándalo informativo y protestas políticas a las medidas que adopten los jueces en aplicación de la ley.

Yo creo que hay que consensuar una estrategia de discreción y respeto a una aplicación flexible y generosa de nuestra ley penitenciaria para con todos aquellos presos de ETA cuya voluntad de reinserción social esté acreditada. Y el Estado, tiene medios y conocimientos para saberlo. No estamos hablando de indultos, ni de reducción de penas, ni de cuestionar las sentencias de los tribunales. Por el contrario, lo que procede es continuar con la política de reinserción que ya se practicó desde el momento mismo en que se inició la dispersión. Lo que procede es aplicarla a la mayoría porque ya no hay violencia, han renunciado a las armas y son la mayoría los que solicitan esta reinserción.

Yo creo que la generosidad es la virtud del ganador. La democracia derrotó a ETA. Lo hizo policialmente, socialmente, políticamente, internacionalmente. La derrotó en todos los frentes, hasta el punto de que fueron sus propios apoyos y defensores quienes le forzaron a diseñar un final con apariencias de pacto, convencidos de que su continuidad arruinaba su causa e impedía su futuro. Fue una victoria de la sociedad, de la ley, de las víctimas, del Estado, de la democracia en suma. Y es a esa victoria a la que le corresponde ahora ser inteligente, siendo generosa, al suavizar los sufrimientos humanos y los sentimientos antagónicos que generó esta tragedia. Leí hace unos días una encuesta que aseguraba que dos tercios de los vascos están de acuerdo con estas ideas. Creo que esta es una reflexión muy extendida en la sociedad vasca. Pero no solo. Conozco a muchas víctimas de ETA que pensamos así. Porque el relato de la verdad, que nadie mejor que ellas asegura, gana legitimidad y grandeza con esa actitud humanitaria y conciliadora del Estado, con esa generosidad inteligente de la democracia.

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