Preguntas ingenuas

Solo se precisa un repaso por los medios de comunicación para constatar que la igualdad de los españoles es una quimera en muchos ámbitos importantes de la vida del ciudadano

Joseba Arregi
JOSEBA ARREGI

Bajo la impresión de que en esta sociedad de la información y de la tan cacareada libertad de expresión abundan las respuestas sin preguntas, las estadísticas que no poseen interés alguno y las opiniones sin fundamento, quizá no esté de más intentar formular algunas preguntas ingenuas para ver si son capaces de provocar alguna duda en alguna mente de las que llenan los periódicos, las televisiones y las llamadas social media. Punto de partida de las preguntas ingenuas es la sentencia del Tribunal Constitucional declarando nula la amnistía fiscal del ministro Montoro en la anterior legislatura.

Se trata de una sentencia importante porque el principal argumento aducido por los miembros del TC que la han adoptado es la obligatoriedad de un principio constitucional, el de la igualdad de los ciudadanos españoles, en este caso en lo que a sus obligaciones fiscales se refiere. Es función primordial del TC proteger los principios fundamentales de la Constitución española, entre ellos el de la igualdad de los ciudadanos españoles ante la ley.

La primera pregunta ingenua que provoca esta sentencia y el argumento en el que se apoya es la de si la igualdad de los ciudadanos españoles solo ha sido conculcada por el decreto-ley de la amnistía fiscal de Montoro. Bastaría un repaso somero por los medios de comunicación para constatar que la igualdad de los ciudadanos españoles es una quimera en muchos ámbitos importantes de la vida de cada ciudadano: desde la ejecución de la ley de dependencia, pasando por los servicios sanitarios y los educativos, hasta la aportación de las CC AA a la solidaridad a la que obliga la propia Constitución, sea a través del Fondo de Solidaridad creado en el seno de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) o a través del instrumento que se decida.

Parece que la desigualdad de los ciudadanos españoles, y no solo en cuestiones fiscales, es una simple y grave constatación. Quien esto escribe, al no ser formado en leyes, no sabe si el TC puede actuar de oficio. Pero se atreve a preguntar, por ejemplo, si la negociación presupuestaria que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados, sobre todo cuando el partido gobernante carece de mayoría absoluta, con los partidos nacionalistas accediendo a demandas de estos que solo son territoriales, es decir, que favorecen solo a los ciudadanos de sus territorios y no a todos los ciudadanos españoles, se ajusta al mandato de igualdad de la Constitución.

Se nos dice que el Congreso de los Diputados representa a la nación política española en su conjunto, pero en ese mismo espacio se trocean los favores presupuestarios para solo algunos ciudadanos de algunos territorios. ¿Es este proceder que han puesto en práctica los dos partidos que han gobernado España, PSOE y PP de igual manera, contrario al mandato de igualdad obligado por la Constitución española? ¿No han actuado esos gobiernos de forma separatista y particularista con los presupuestos generales del Estado y contra la igualdad constitucionalmente obligada?

El TC tendrá medios e instrumentos para verificar o desmentir las afirmaciones que se publican sobre la diferente financiación pública por individuo según la autonomía en la que vivan esos ciudadanos. Podrá comprobar si de la bolsa pública de los impuestos pagados por todos los españoles en unas comunidades autónomas los escolares llegan a contar con el doble de financiación pública que en otras. Podrá comprobar si los enfermos de distintas comunidades autónomas son financiados públicamente con relevantes diferencias, de forma que el mandato constitucional a los poderes públicos de tratar de establecer iguales condiciones de vida para todos los ciudadanos españoles en toda la geografía es burlada de forma sistemática.

En los últimos años el debate político ha estado muy centrado, entre otras cuestiones, con la queja catalana de aportar demasiado al Fondo de Solidaridad, al fondo que trata de establecer una mínima igualdad en los servicios públicos fundamentales a los que acceden los ciudadanos españoles con independencia de su lugar de residencia. Menos atención ha atraído el hecho de que las comunidades forales, Euskadi y Navarra, no aportan nada a dicho Fondo de Solidaridad al no formar parte del territorio común en cuanto a fiscalidad se refiere. El Fondo de Solidaridad está regulado dentro de la LOFCA y puesto que ni Navarra ni Euskadi están dentro del territorio afectado por la LOFCA, tampoco están obligadas a aportar al citado Fondo de Solidaridad. Pero no por ello se encuentran fuera del mandato de solidaridad que se deriva de los principios fundamentales de la Constitución. ¿O sí? ¿Tiene el TC algo que decir al respecto? ¿No afecta esta situación a la igualdad de los ciudadanos a la que se refiere la Constitución española?

En algunos países europeos los ciudadanos individuales pueden recurrir a su Tribunal Constitucional incluso contra leyes aprobadas por la mayoría del Parlamento correspondiente. Así dos individuos alemanes, que habían sido ministros del Interior de gobiernos federales, recurrieron al Constitucional alemán contra la aprobación de la ley federal que permitía al ejército alemán actuar dentro de territorio alemán en situaciones excepcionales. El TC alemán sentenció que la ley era contraria a la Constitución alemana dando la razón a los dos ciudadanos alemanes.

¿Sería posible que en España un ciudadano o varios ciudadanos recurrieran al TC contra las prácticas citadas –que incluyen leyes aprobadas por mayoría en el Congreso de los Diputados–, al menos pidiendo el amparo de dicho alto Tribunal porque dichas prácticas infringen radicalmente la igualdad de los ciudadanos españoles requerida por la Constitución española y que les afecta por defecto o por exceso?

La respuesta será probablemente que no. Parece que la desigualdad territorial es buena y la desigualdad social pura injusticia, aunque ambas afectan a ciudadanos concretos.

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