Polémico informe

El Gobierno vasco matiza ahora los resultados del estudio que encargó sobre las torturas tras el pulso entre PNV y PSE

Polémico informe
EL CORREO

La tortura constituye una intolerable vulneración de los derechos humanos, particularmente grave al estar protagonizada por funcionarios públicos y más reprobable aún si se produce en el marco de un Estado democrático. Merece, por tanto, la crítica más severa y una especial atención por parte de las instituciones para prevenir y evitar su práctica, investigar posibles excesos si existen indicios y, en el caso de que se confirmen, castigarlos con la máxima severidad. No puede haber el más mínimo resquicio para la impunidad ante delitos tan repugnantes. Ni evasivas o tentaciones de mirar hacia otro lado con la excusa de que ETA conminaba a sus activistas a denunciar torturas generalizadas. Un informe encargado por el Gobierno vasco contabiliza 4.113 casos entre 1960 y 2014 tras analizar denuncias, ya fueran verbales o formalizadas ante la Justicia. El dossier ha abierto una brecha entre el PNV y el PSE, que Josu Erkoreka se esforzó ayer en minimizar, y desatado una fuerte controversia política, con el relato sobre ETA y la lucha antiterrorista como telón de fondo. La realidad que dibuja el documento está muy alejada de la probada por la Justicia: 21 sentencias han corroborado la existencia de torturas por parte de policías y guardias civiles en esos largos años. A ellas se añade un puñado de condenas del Tribunal de Estrasburgo a España por no haber investigado algunos casos o no hacerlo con la debida diligencia. El Ejecutivo autónomo admitió ayer que no puede certificar todos los casos que da por buenos el informe y habló de víctimas «potenciales». Lo contrario -avalar presuntos malos tratos no verificados por los tribunales de un Estado de Derecho- sería arrogarse una función propia de la Justicia sin pruebas y sin competencias para ello. La demoledora crítica a la calidad de la democracia española que subyace en el polémico dossier afecta al buen nombre de las fuerzas de seguridad, incluida la Ertzaintza, a la que atribuye 336 casos aunque sobre ella no pesa ninguna condena por ese motivo. No es fácil de entender la tibia reacción del Gobierno vasco ante esas graves acusaciones de masivas prácticas delictivas en una Policía bajo su control. Si las diera por buenas, tendría que haber actuado contra alguno de sus consejeros o altos cargos de Interior durante las tres últimas décadas. Si las desecha, ¿qué credibilidad ofrece al informe?

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