El poder de la calle

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Las calles de Barcelona vivieron ayer otra Diada multitudinaria. El independentismo volvió a demostrar, por séptimo año consecutivo, su acreditada capacidad de movilización. La misma, por cierto, que el PNV o la izquierda abertzale han exhibido en Euskadi cuando lo han estimado conveniente para sus objetivos.

El que prácticamente todo el mundo diéramos por hecho el éxito de la marcha que concluyó en la plaza Cataluña con la formación de una enorme cruz humana, resta trascendencia política a la importancia de la movilización de cara al referendo ilegal del 1 de octubre. Hubiera sido bien diferente si la manifestación llega a pinchar, lo que tampoco esperaba nadie y desde luego no ocurrió. En ese caso todos estaríamos hablando ahora de que el independentismo pierde fuelle.

Ayer se cumplieron cuarenta años de la llamada 'Diada del millón'. Cuatro décadas desde que cientos de miles de personas de todas las ideologías, con la única excepción de franquistas y nostálgicos de la dictadura, abarrotaron el paseo de Gracia barcelonés y todas las arterias adyacentes para reclamar 'libertad, amnistía y un Estatuto de Autonomía'. Corría 1977 y nadie podía poner la mano en el fuego sobre si la Transición sería o no éxito.

La Diada de ayer sólo se pareció a aquella en su carácter masivo. Y es que, otro año más, la fiesta del Onze de Setembre no fue el día nacional de todos los catalanes, sino una celebración para ortodoxos, para soberanistas. Hace tiempo que a base de gritos, insultos y consignas partidarias sólo quienes comparten el credo separatista lo festejan en la calle.

Pero la marcha de ayer tenía otra intención. El soberanismo perseguía que fuera una especie de vacuna legitimadora de la ilegítima manera en que la pasada semana usó el Parlament para quebrar el orden constitucional y estatutario. Como clamaron en el desierto del rodillo independentista los partidos de la oposición. Pero también el letrado mayor y el secretario de la Cámara catalana, y los nueve integrantes del Consell de Garantías Estatutarias, una especie de Constitucional autonómico.

A veinte días para el referendo ilegal del 1-O resulta igual de evidente que ni los secesionistas van a levantar el pie del acelerador ni el Estado va a renunciar a hacer uso de cuantas armas punitivas tiene a su alcance para que se cumpla la ley.

Dos decisiones van a tener una trascendencia especial. De imagen y puede que de bastante más. Si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con su electorado abiertamente dividido ante el 1-O, cede o no espacios municipales para que se coloquen las urnas. Y si los Mossos d'Esquadra acatan en bloque o no la legalidad vigente y no la ficticia que se ha inventado el independentismo para seguir con su desafío al Estado.

Es evidente que el president Carles Puigdemont ha decidido 'inmolarse' políticamente en este proceso. Como lo es la intención de muchos soberanistas de movilizar a sus bases para intentar garantizar que un número significativo de ciudadanos logre votar.

Una estrategia peligrosa que podría derivar en enfrentamientos. Como la, en mi opinión, inconsciente invitación del president a los suyos a que se encaren con los alcaldes que no quieren colaborar con el referendo ilegal. La regidora de L'Hospitalet, la socialista Nuria Marín, se lo reprochó ayer personalmente a Puigdemont.

El desafío sigue. Sí, va en serio. Pero tras el 1-O llegará el día 2. Cuanto más graves sean las secuelas del 'procés' más difícil resultará reencauzar la situación el día después.

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