cuanto peor, peor

Que Puigdemont parezca buscar el máximo de daños colaterales debe animar a Rajoy a extremar la prudencia en el desafío catalán

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

El lehendakari sigue empeñado en poner una pizca de cordura en la vida política, aunque la situación no acompañe. Ayer volvió a intentarlo en relación al desafío catalán, mientras en Madrid se libraba la batalla postdeclaración. De un lado, un Rajoy repartiendo sonrisas y medallas al mérito en el trabajo a personajes como Pau Gasol para que se olvide cuando antes su trago judicial; de otro, PSOE y Podemos buscando apoyos para estirar el asunto en el Congreso.

Iñigo Urkullu es consciente de que Cataluña y el Estado caminan hacia el choque de trenes. Pero rechaza que ello suponga que estemos ya en una vía sin retorno. Reivindica un espacio para el diálogo. Y entiende que haya o no referéndum, tras el 1 de octubre llegará el 2. Y ese día seguirá siendo necesario hablar para dar con una salida al conflicto.

Las palabras del jefe del Ejecutivo vasco pueden ser tildadas de buenistas. Lo son. Pero no por ello pierden realismo. La gran pregunta sigue siendo en qué condiciones nos plantaremos en ese día después.

Da la impresión de que el secesionismo ha asumido que el Estado no va a moverse un ápice. No va a ceder. Y empieza a dar la sensación de que personas como el president Puigdemont comienzan a contemplar el cuanto peor, mejor.

En esta línea cabría interpretar sus declaraciones al periódico conservador francés ‘Le Figaro’ avanzando que no piensa obedecer al Tribunal Constitucional. O que el lunes se jactara en una cena privada de que la Generalitat ya tiene las urnas que necesita. Dada la situación, manifestaciones así parecen encerrar un cierto aire de provocación, ¿Buscxando que el adversario reaccione con la máxima dureza para luego usarlo en el juego político?

El Estado, por su parte, se ciñe a lo previsto. El Gobierno Rajoy avanzó el miércoles que recurriría la reforma del reglamento del Parlament para que leyes como las del Referéndum o la de Desconexión con España se puedan aprobar en un día.

El Consejo de Estado dictaminó ayer que la decisión del Parlament vulnera la igualdad política. Con ello, Rajoy tiene vía libre para recurrir hoy el cambio normativo al TC, que muy probablemente lo suspenderá de forma cautelar.

Lo que no estaba previsto es que la Guardia Civil tomara ayer declaración como testigos al director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, y a quien fue coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, el exdirigente socialista Joan Ignasi Elena. Ambos salieron como imputados policiales, lo que un Juzgado de Instrucción deberá ahora ratificar o enmendar.

Los investigadores tendrán sus razones para hacer lo que hicieron. Pero el Gobierno y el Estado deberán medir al máximo sus pasos para evitar que otros jueguen al victimismo.

Fundamentalmente porque tras el 1-O llegará el 2-O.

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