Un país decepcionado

La crisis catalana afecta a la credibilidad de toda la clase política, empezando por Podemos y la confianza en Rajoy y Sánchez

EL CORREO

El barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre parece hacerse eco del impacto de la crisis catalana en el estado de opinión y de preferencias políticas de los españoles en su conjunto. El dato más destacado ha sido el declive demoscópico de Podemos, mientras Ciudadanos ganaría enteros ante una próxima cita electoral. Pero puede haber un detalle aún más relevante en el último CIS; el hecho de que el presidente del Gobierno -Mariano Rajoy- inspira entre «poca» y «ninguna confianza» al 78,6% de los encuestados, y que el líder de la oposición -Pedro Sánchez- suma un 83% en esos mismos ítems. Parece evidente que la crisis catalana se ha convertido en una crisis de credibilidad para toda la clase política española, sujeta a un juicio ineludible cuando los problemas que se han arrastrado en los últimos años -los derivados de la economía y el desempleo, y los referidos a la indignación social por la corrupción- se han encontrado ante un quebranto imprevisto en cuanto a su gravedad. Es lógico que ante tales circunstancias los ciudadanos demanden solvencia a los representantes públicos. Solvencia que al parecer no ha ofrecido Pablo Iglesias a los suyos, en su insistencia por convertir el desafío independentista en ariete de oportunidad para cuestionar en su conjunto el régimen del 78. Aunque se haya mostrado siempre contrario a la secesión. Del mismo modo que Albert Rivera ha podido ofrecer una posición más consecuente con su propia trayectoria y con la de un partido -Ciudadanos- forjado desde sus inicios frente a una versión excluyente del catalanismo. De manera que el origen propiamente catalán de una formación con vocación nacional se hace valer en medio de una crisis que interpela al sistema constitucional en su conjunto. Pero es inevitable que los ciudadanos se pregunten por qué se ha podido llegar hasta el extremo de un conflicto político e institucional que acaba en los tribunales dentro y fuera del Estado español. El barómetro del CIS no concede justificación alguna al comportamiento del independentismo gobernante en Cataluña hasta la aplicación del 155 de la Constitución, ni otras encuestas permiten suponer que la misma sea objeto de crítica en su activación. Pero la sensación de que el desenlace final es el resultado de un fracaso colectivo prevalece más allá de la imputación de responsabilidades que caen de manera abrumadora sobre la conducta seguida por Puigdemont y los suyos.

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