Pacto contra la violencia machista

La formación de los más jóvenes, entre otras muchas medidas, constituye la mejor manera de prevenir esta lacra en el futuro

EL CORREO

El pacto de Estado contra la violencia de género quedó ultimado ayer con participación de todas las fuerzas políticas. La necesaria e imprescindible iniciativa responde a una sonora demanda popular por la necesidad de actuar con las armas disponibles contra una lacra que en lo que va de año ha causado ya 32 muertes violentas, cinco más que en el ejercicio anterior. El acuerdo ha llegado tras seis meses de trabajo en subcomisión y está dotado con 1.000 millones de euros finalistas. El compromiso es multidisciplinar y contempla el problema de modo integral. Se amplía el concepto de violencia de género hasta más allá de lo que establece el convenio de Estambul de 2014, de modo que quede protegida como víctima quien sufra abusos físicos, psíquicos o sexuales con independencia de que el autor sea o no su pareja o expareja.

También se considera violencia de género la trata y la ablación del clítoris. La lista de actuaciones, asimismo, es amplia e incluye medidas de prevención desde el colegio. En este sentido, la puesta en marcha de formación en la escuela es una novedad esencial que puede convertirse en la mejor manera de prevenir futuros delitos. Además, se contempla una ampliación sensible de la protección de las víctimas potenciales, incluso si aún no han interpuesto denuncia, junto a garantías de seguridad de los hijos. Una de las medidas más prometedoras, que ya se aplica en la Comunidad Valenciana, es la colaboración de los servicios médicos de atención primaria en la detección de signos de violencia contra la mujer. A su vez se busca una solución para sortear la negativa de algunas víctimas a declarar contra su agresor por miedo u otras razones. El acuerdo debe ahora aprobarse el viernes en comisión y seguir luego el trámite parlamentario. Se trata, en definitiva, de un pacto de Estado cuya necesidad es perentoria y que no debe devaluarse con utilizaciones o protestas partidistas de ningún lado.

Puigdemont, en rebeldía

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado su intención de ejercer en rebeldía, lo que supondría un paso más en la ilegalidad del proceso. «Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no lo aceptaré. Solo el Parlament me puede suspender. Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar […]. No existe un poder lo bastante fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre», declara Puigdemont en una entrevista concedida al rotativo francés ‘Le Figaro’. El periodista debe haberse quedado transido por la perplejidad, porque nunca antes un gobernante democrático declaró tan paladinamente su disposición de contravenir las leyes vigentes e incurrir en desacato de una decisión de un tribunal. Solo las ideologías extremas, radicales sostienen que el fin justifica los medios. En un sistema de libertades, en una democracia parlamentaria occidental, tal axioma es inconcebible. Lo grave del caso es que estas actitudes apartan el conflicto del terreno político y lo introducen en el del orden público, en el de la seguridad. En un Estado de Derecho puede discutirse todo, pero no son tolerables las amenazas ni la reducción del conflicto a una dialéctica de fuerza. Puigdemont, que es la punta de lanza, ha perdido completamente el sentido de la orientación.

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