Pacto familiar

La natalidad y los derechos de la infancia requieren mucho más que normas y presupuestos; exigen cambiar las relaciones entre hombres y mujeres

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EL CORREO

El Pacto Vasco por las Familias y la Infancia, suscrito ayer por el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos, acerca a Euskadi a los parámetros europeos más exitosos en cuanto a los objetivos que persigue. Busca superar la dualidad social entre deducciones fiscales y ayudas por nacimiento e hijos a cargo, y contribuir a que cuando la maternidad se realice en pareja esté sustentada sobre el doble ingreso y el cuidado compartido. Siempre teniendo en cuenta que se trata de proteger al máximo los derechos y oportunidades de la infancia, y de impedir la inversión en la pirámide de edad. El acuerdo compromete a las instituciones en cuanto a normas y presupuestos que lo hagan posible e interpela a las empresas para que faciliten la conciliación entre la vida profesional y la privada. Pero apela sobre todo a las relaciones interpersonales entre quienes han decidido ser padres o madres en común. Ni las normas ni los presupuestos revierten, por sí solos, las tendencias sociales. En este caso a tener menos hijos de los que se desearían. Las políticas abiertamente pronatalistas, orientadas a incentivar los nacimientos mediante estímulos económicos, se topan con los límites de la libertad personal en cualquier sociedad abierta. La decisión de engendrar o no obedece a un sinfín de factores, en los que las aspiraciones y expectativas de los potenciales padres concurren con su percepción sobre las condiciones de vida que esperarían a sus hijas e hijos. Las instituciones vascas han comprobado que el sistema dual de deducciones fiscales y ayudas perpetúa la desigualdad en el acceso a los estímulos pronatalistas, y que el recurso a permisos o reducciones de jornada por maternidad y paternidad conduce a las madres a hacerse cargo del cuidado de los menores como si nada hubiese cambiado respecto a generaciones anteriores. Pero los resultados que el Pacto Vasco por las Familias y la Infancia persigue no están al alcance de las normas y los presupuestos, porque requieren la transformación de las relaciones entre mujeres y hombres, la modificación contractual y de hábitos en el trabajo especialmente en los sectores más feminizados y la liberación de las cargas que hoy soportan las abuelas y abuelos. La protección de la infancia e impedir que la suerte de los menores reproduzca necesariamente las vicisitudes de sus progenitores obliga además a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el sistema educativo; entre la red pública y la concertada.

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