El incendio catalán se agrava

El encarcelamiento de los líderes de la ANC y de Òmnium amenaza con descontrolar el desafío secesionista

Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

La decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de decretar prisión incondicional sin fianza por un presunto delito de sedición para los presidentes de las dos principales organizaciones populares que han impulsado el ‘procés’, Jordi Sànchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, supone una amenaza real de que el desafío secesionista al Estado pueda agravarse.

El pronunciamiento de la magistrada es la primera consecuencia por la serie de vulneraciones de la legalidad que se han cometido en Cataluña en los últimos meses. Vulneraciones que la Justicia irá examinando y juzgando en las próximas semanas al hilo de la legalidad vigente.

Quien ayer decretó prisión para los dos líderes sociales más conocidos del ‘procés’ es, aunque parezca una obviedad decirlo, el Poder Judicial y en base a una serie de pruebas. ¿Excesiva la tipificación penal de sedición en lugar de desórdenes públicos? Muy posiblemente. Pero la Justicia. No la política ni el Gobierno de Mariano Rajoy.

Este primer auto de prisión incondicional para dos relevantes rostros del ‘procés’, unido a la decisión del president de seguir instalado en la ambigüedad y negarse a atender al requerimiento oficial de Rajoy para aclarar si su intervención en el Pleno del Parlament del pasado martes hay que considerarla como una declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña o no, encaminan definitivamente el contencioso hacia la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Carles Puigdemont contestó ayer, en plazo, a la misiva del presidente del Gobierno español. Pero lo hizo con un doble propósito bien diferente a la exigencia que Rajoy había colocado sobre la mesa. El jefe del Ejecutivo catalán se descolgó con un catálogo de agravios y exigencias fuera de tiesto. Y volvió a reclamar un diálogo entre iguales para pactar un referéndum del todo imposible.

El Gobierno central ya ha empezado a dar cuerda al reloj del 155. Si para las diez de la mañana del jueves el president no se desdice de sus palabras y de la firma que estampó en un documento por la independencia, sin valor legal pero sí político, junto a los otros 71 parlamentarios secesionistas, se activará la máquina constitucional. «No para suspender el autogobierno catalán», como insisten los soberanistas, sino para «restaurar la legalidad», como precisó la vicepresidenta.

Si el cúmulo de presiones que ha recibido Puigdemont en las últimas semanas desde todos los ámbitos, incluido el grueso de su propio partido, el PDeCAT, con su predecesor Artur Mas al frente, para que meta el freno de mano al ‘procés’ no han hecho hasta ahora mella en él, parece altamente improbable que tal cosa vaya a suceder ahora. En especial tras la prisión incondicional para los Jordis, Sánchez y Cuixart. Una medida que, repito, suena un tanto excesiva.

Preparémonos para vivir horas de nuevo complicadas en Cataluña. El independentismo difícilmente va a dejar pasar cruzado de brazos una decisión como la adoptada anoche por la juez Lamela. Si ha sido capaz de saltarse la ley en septiembre en el Parlament, difícilmente va a entender que la legalidad haya conducido a prisión a los líderes de ANC y Òmnium.

Eventuales protestas y nuevas críticas deben ser solo, como el 155, un paréntesis hacia unas nuevas elecciones tras las que tendrá que reabrirse el diálogo dentro de la ley. Hoy suena más difícil que ayer, pero deberá ser posible.

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