¿Ministros irresponsables?

En una democracia como la española no tiene sentido que el titular de una cartera pueda continuar en su puesto en contra de la mayoría parlamentaria por la sola voluntad del presidente

Javier Tajadura Tejada
JAVIER TAJADURA TEJADA

En septiembre de 1981 tuvo lugar un intenso debate sobre la constitucionalidad de las mociones de reprobación o censura individual a los miembros del Gobierno. Como la Constitución solo contempla la moción de censura al presidente del Gobierno, la UCD –entonces en el Ejecutivo– sostenía que las reprobaciones individuales no tenían encaje constitucional. Esa tesis fue rechazada en sede política y académica, y la oposición –en el contexto de la crisis provocada por las intoxicaciones del aceite de colza que causaron 700 víctimas mortales y miles de afectados– presentó cinco mociones de reprobación contra otros tantos ministros del Gobierno de Calvo Sotelo. Los ministros superaron con éxito las votaciones.

Desde entonces, la oposición ha intentado en numerosas ocasiones aprobar mociones de reprobación contra determinados ministros, pero hubo que esperar más de veinticinco años para que una de ellas alcanzara el éxito. Concretamente, la moción de reprobación de la ministra Magdalena Álvarez, en diciembre de 2007, fue la primera en que los votos favorables a la censura del ministro superaron a los contrarios. Ahora bien, el triunfo de la moción, aunque supuso una derrota política de la ministra y del Gobierno, careció de efectos prácticos. Es decir, la ministra continuó en el cargo.

Recientemente, la oposición logró aprobar con éxito una moción de reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y hace unos días la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. De la misma manera que ocurrió con Álvarez, Catalá y Montoro continúan en sus puestos.

Esta situación no deja de ser contraria a la lógica del parlamentarismo. Durante el siglo XIX si un ministro perdía una votación tenía por costumbre dimitir. Ya en el siglo XX, la Constitución republicana de 1931 recogía la figura de la reprobación de los ministros y disponía como consecuencia de la misma su cese. La Constitución de 1978, por el contrario, parece guardar silencio sobre esta importante cuestión. Pero el silencio no es tal. El artículo 9.3 establece como principio general del Estado de Derecho la «responsabilidad» de los poderes públicos y, por lo que se refiere a los ministros, el artículo 98.2 precisa que estos serán «responsables» por su gestión. También el artículo 64.2 dispone que los ministros al refrendar los actos del Rey (desde la concesión de un indulto hasta el nombramiento de un embajador) asumen la «responsabilidad» por dichos actos. Es decir, según la Constitución, –y lógicamente no podría ser de otra forma– los ministros son «responsables».

El problema deriva de cómo se ha comprendido esta responsabilidad. La doctrina mayoritaria y la clase política han entendido que la responsabilidad de los ministros solo puede ser exigida por el Presidente del Gobierno. Esa responsabilidad vendría establecida en los artículos 62 e y 100 de la Constitución, que establecen que el presidente nombra y cesa a los ministros. Y claro que el presidente puede cesar libremente a los ministros, pero ello con independencia de cualquier exigencia de responsabilidad. Si el presidente pierde la confianza en un ministro o por cualquier otra razón de índole política, personal o de otro orden, decide cesarlo, está facultado constitucionalmente para hacerlo. Sin embargo, entiendo que esta facultad presidencial nada tiene que ver con el principio de responsabilidad política de los ministros. La responsabilidad política en un régimen parlamentario es la que exige el Parlamento. Es decir, si los ministros son políticamente responsables como sostiene nuestra Constitución, no es porque lo sean ante el presidente del Gobierno, sino porque lo son ante los representantes de los ciudadanos.

De ello se deriva que una interpretación teleológica y sistemática de la Constitución obliga a entender que los ministros son responsables ante el Parlamento. Ciertamente, para que esa responsabilidad tuviera alguna virtualidad, el ordenamiento jurídico debería prever expresamente –cosa que no hace– la obligación de dimitir del ministro reprobado. Para ello sería preciso, simplemente, modificar los reglamentos parlamentarios y la concreta regulación de este tipo de mociones individuales de reprobación, estableciendo que el triunfo de las mismas conlleva el cese inmediato del ministro reprobado.

Esta reforma del reglamento –propuesta ya formulada por el profesor Torres del Moral– resultaría coherente con las previsiones constitucionales y supondría una importante mejora del funcionamiento de nuestro régimen parlamentario. Por ello, antes de presentar nuevas mociones de reprobación, convendría que los partidos de la oposición plantearan esta modificación de su régimen jurídico, y que la negociasen y pactasen con el partido del Gobierno. Al fin y al cabo, el Partido Popular también exigió en 2007 el cese de la ministra Álvarez de la misma forma que la oposición reclama hoy el cese de los ministros Catalá y Montoro. La medida como tal no es partidista, sino una propuesta técnica de mejora de nuestro sistema democrático parlamentario.

En una democracia avanzada del siglo XXI como es España –digan lo que digan algunos– lo que no tiene sentido es que un ministro pueda continuar en su puesto en contra de la mayoría del parlamento por la sola voluntad del presidente. Los adversarios de la reforma que aquí se propone afirman que atenta contra el principio de «dirección presidencial» del Gobierno, según el cual solo el presidente podría decidir cuándo cesar a un ministro. A esto cabe objetar que el principio de «dirección presidencial» tiene límites, y entre ellos ocupa un lugar destacado el de responsabilidad de los ministros. De otra forma, seguiremos como hasta ahora, con ministros «irresponsables».

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