Miguel Ángel y el relato

Se ha querido proyectar una versión puramente sentimentalizada de lo que aquel crimen significó, privándolo de su significado político y cívico real

Javier Zarzalejos
JAVIER ZARZALEJOS

El antropólogo Mikel Azurmendi inicia su último libro, ‘El relato vasco’, con una afirmación concluyente: «Sin lugar a dudas ETA no ha salido derrotada». La aparición del libro de Azurmendi ha coincidido con la conmemoración del vigésimo aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y existe una relación estrecha entre lo afirmado y razonado por Azurmendi y lo que hemos vivido en estos días de recuerdo de aquellas horas de julio de 1997.

Decir que ETA no ha sido derrotada es una afirmación que pugna hasta el escándalo con aquellas posiciones que contestan desafiando a explicar en qué ha triunfado ETA: Euskadi no es independiente, Navarra sigue siendo una comunidad separada de la vasca, los terroristas no han sido capaces de mantener su desafío violento al Estado y su partido ha tenido que aceptar nominalmente la legalidad para poder volver a la legalidad.

Afirmar o negar la derrota de ETA -más allá de su fracaso operativo como banda criminal, que es innegable- depende, en buena medida, del grado de deconstrucción al que sometamos al fenómeno terrorista que significa. Pero la deconstrucción es siempre un proceso de pérdida de sentido. Por eso, si limitamos a ETA a una banda criminal, su derrota es inapelable. No mata porque no puede, no porque no quiera. No mata porque el Estado de Derecho ha ganado; porque el terrorismo hace tiempo ha dejado de ser un asunto local para convertirse en una amenaza global y el mundo no tiene el horno para estos bollos. Porque su relevo generacional era el producto jatorra de las herriko tabernas y la gasolina, habitantes de una burbuja delirante. ETA ha sido derrotada porque la acción de las fuerzas de seguridad, la justicia y el fortalecimiento de la colaboración internacional han achicado sus espacios de impunidad. Ahora bien, si en lugar de llegar al nivel de deconstrucción más favorable a este análisis, pensamos en ETA como un fenómeno terrorista complejo, de evidentes implicaciones políticas, que ha condicionado no solo la evolución del nacionalismo, sino que ha conseguido modelar -es decir, deformar- el paisaje cívico y el tejido político del País Vasco, entonces el juicio sobre su derrota tiene que ser más matizado.

Para empezar, el constitucionalismo -o lo que queda de él- se ha convertido en residual, y lo que queda se sitúa en una posición netamente ancilar respecto al PNV. Tanto es así que la pasada semana el propio presidente del Gobierno vino a Bilbao a homenajear la memoria de Miguel Ángel Blanco y el mensaje que salió de aquel acto, según destacaron todos los medios, fue un elogio de la moderación del PNV que esa misma semana se había negado a suscribir una declaración en el Congreso de los Diputados en memoria del concejal del PP asesinado.

Estos días han servido para acreditar -por si hiciera falta- que esa aparente condena del terrorismo etarra que llevó al Tribunal Constitucional a legalizar a Sortu «no aparece por ningún lado», por citar las palabras del premonitorio voto particular del magistrado Manuel Aragón. Sortu, solo o en compañía de sus socios en Bildu, ha bloqueado hasta las más decoloradas declaraciones sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Para remachar el clavo, los presos de ETA hacían una declaración de acatamiento a la legalidad, recibida como ya suele ser habitual, con una injustificada sobrevaloración. Primero, porque no se sabe cuál es la alternativa a que acepten la legalidad; segundo, porque tratándose de los presos resulta indiferente que acepten o no la ley que, en todo caso, se les aplica contra su voluntad. Y, tercero, porque han dejado claro que de condena política del terrorismo, nada; y de colaborar con la justicia para hacer justicia, tampoco. En esto siguen el guion de sus mayores que diferencian un difuso ‘reconocimiento’ del daño causado, como si este no fuera evidente, pero dejan intacta su legitimación, la justificación de haber segado las vidas que los atentados segaron y las razones perversas que alegaron quienes los cometieron.

Por tanto, lejos de suponer una rectificación, lo que han dicho los presos de ETA, en línea con sus maestros políticos, abunda y prolonga una línea que la izquierda abertzale viene desarrollando con éxito. No se plantea ningún juicio político sobre lo ocurrido en décadas de terror, sino que se pretende reducir el asesinato y la coacción a una cuestión privada y personal que debe ser resuelta sobre todo por las víctimas. Porque en este desafío emboscado de ETA son las víctimas y no los asesinos las que tienen que demostrar su ‘altura de miras’ dispensando el perdón que libere a ETA de su responsabilidad. De ahí esa pulsión por los abrazos vacuos como recuerda Azurmendi, por buscar una reconciliación impostada y artificiosa, forzada sobre las víctimas hasta el punto de la coacción moral -o se perdona o se está en contra de la paz- en la que se entiende que un gesto de los victimarios, cuya autenticidad ni siquiera se discute, tiene que ser correspondido con una expresión obligatoriamente generosa por parte de sus víctimas.

En esta lógica se explica que la memoria de Miguel Ángel Blanco que se ha querido proyectar haya sido privada de su significado político y cívico real en favor de una versión puramente sentimentalizada de lo que aquel crimen horrendo significó. Si Miguel Ángel Blanco hubiera sido nacionalista hoy estaría vivo. Es esta una verdad incómoda; pero si se prescinde de ella, se renuncia a la realidad de lo que ha ocurrido en esta sociedad. Mientras la extrema izquierda populista y el nacionalismo se han esmerado en embarrar el terreno devolviendo a ETA el favor de haber sido la vanguardia violenta contra la Constitución, un imperativo de verdad obliga a recordar que el asesinato de Miguel Ángel fue, como escribió Jon Juaristi en una insuperable descripción, «la represalia prometida contra el maketo insumiso».

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