Los menús escolares, a examen

El Parlamento vasco investigará los contratos con firmas que inflaron los precios en los colegios públicos

Los menús escolares, a examen
EL CORREO

El acuerdo entre empresas de un mismo sector para repartirse los mercados y empujar los precios al alza es una práctica intolerable que vulnera la libre competencia y perjudica a los consumidores. Una concertación de ese tipo mantuvieron durante más de una década -entre 2003 y 2015- compañías a las que el Gobierno vasco adjudicó los menús de los comedores de los colegios públicos, con un sobrecoste millonario tanto para las arcas de la Administración como para los miles de familias afectadas, que pagaron precios inflados por ese servicio. La primera comisión de investigación creada por el Parlamento vasco durante la presente legislatura analizará la eventual existencia de responsabilidades políticas en la contratación de esas firmas. Resulta difícil de explicar que una irregularidad tan grave, prolongada durante largo tiempo, no fuera detectada por los mecanismos de control del propio Ejecutivo. Fue la Autoridad Vasca de la Competencia quien dio la voz de alarma y sancionó con 18 millones de euros a las empresas beneficiadas. El Tribunal Superior, que rebajó la multa a menos de la mitad, sentenció que el simulacro de cártel empresarial fue posible gracias a la actitud pasiva del Gobierno vasco. La oposición hizo valer ayer su mayoría en el Parlamento para propinar un revés político al Ejecutivo PNV-PSE y forzar una investigación sobre este caso, que la Fiscalía archivó en 2016 al no apreciar indicios de delito. Es de esperar que la comisión impulsada por EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP arroje luz sobre este escándalo y contribuya a que la Administración autonómica extreme el celo en el control de las adjudicaciones. En contra de lo que sostuvo el PNV en el pleno, no se trata de «ensuciar la política vasca» y de equipararla con los casos de corrupción tan extendidos por el resto de España. Al contrario, la investigación parlamentaria debería ser bienvenida por todos si sirve, como resulta deseable, para aclarar qué falló con los contratos de los comedores escolares -porque es evidente que algo falló- y para activar los resortes que impidan otros despilfarros similares de dinero público.

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