Matonismo o terrorismo

Solo aquellos que funcionan bajo la justicia vengativa verán bien la acusación de la Fiscalía por los sucesos de Alsasua

XABIER GURRUTXAGA

La acusación de la Fiscalía por los sucesos de Alsasua ha sorprendido por su desmesura a buena parte de la opinión pública navarra, vasca y española. Me atrevo a pensar que solo aquellos que funcionan bajo las claves de la justicia vengativa habrán recibido con satisfacción esta petición de penas.

Antes de continuar con este tema conviene dejar claro que la agresión que sufrieron un teniente, un sargento de la Guardia Civil y sus respectivas parejas fue inadmisible, merecedora de reproche penal para los autores. Por eso una mejor defensa de los procesados pasaba en primer lugar por denunciar y condenar públicamente la agresión violenta y mostrar la solidaridad con las víctimas.

Volviendo a la petición del fiscal, la desmesura de las penas solicitadas tiene su causa en la aberración que significa entender los hechos como constitutivos de delitos de lesiones y amenazas terroristas, en lugar de calificarlos como delitos de lesiones y amenazas ordinarias. La diferencia es descomunal.

Si las lesiones se calificaran como delito de lesiones ordinarias la pena por cada delito podría ser de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses. Sin embargo, si los hechos se califican como terrorismo esas mismas lesiones tendrían una pena de prisión que va necesariamente de doce años y medio a quince. Si hablamos de cuatro delitos de lesiones el resultado de la comparativa pone de manifiesto la aberración que se denuncia. Mientras en un caso el acusado podría ser condenado como mínimo a 9 meses de prisión o multa de 24 meses, la acusación por terrorismo convierte los hechos en merecedores de la pena mínima por los cuatro delitos de lesiones en 50 años de prisión.

El auténtico despropósito reside en la calificación de los hechos como delitos de terrorismo, pues no se cumplen ninguna de los dos requisitos que establece para tal calificación el artículo 573 del Código Penal. El primero, exige que se haya cometido un delito grave. Es decir, que considerando aisladamente tenga una condena superior a cinco años de cárcel. Este requisito no se cumple para ninguno de los acusados, pues por los delitos de lesiones no se podría imponer una pena superior a cinco años de prisión, ni siquiera si se les aplicara el tipo agravado. El Supremo cuando examinó esta cuestión no quiso entrar en el fondo y dejó abierta la cuestión de forma ecléctica señalando que ‘la gravedad del delito no puede excluirse, por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes’. Pues bien, este agente sufrió, a causa de la agresión, una fractura de tobillo que requirió tratamiento quirúrgico y contusiones, y el Supremo lo sabía.

El segundo requisito es que la agresión busque subvertir el orden constitucional, desestabilizar las instituciones, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. El fiscal entiende que la agresión se enmarca dentro de la estrategia de ETA para expulsar del País Vasco y Navarra a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Como bien decía la Audiencia de Navarra, si el enjuiciamiento se limita a los hechos examinados en éstos no hay indicios para concluir que la agresión, en las circunstancias en las que se dio, fue preparada por los agresores. Es obvio que los hechos lamentables se produjeron de modo circunstancial o casual y no precisamente programado. El matonismo político existe en nuestra sociedad, cada vez menos afortunadamente. Pero eso no es lo que el Código Penal llama terrorismo.

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