Contra el machismo

Urgen iniciativas y cambios normativos que protejan a las maltratadas y a sus hijos, y que procuren detectar a tiempo el problema

Contra el machismo
EL CORREO

La Conferencia Sectorial de Igualdad se reunió ayer con un punto de urgencia en su orden del día: la ratificación por parte de las comunidades autónomas y de la Federación de Municipios del acuerdo casi unánime alcanzado en el Congreso el 28 de septiembre contra la violencia de género. Aunque hayan transcurrido tan solo tres meses desde el pacto parlamentario, la lucha contra la violencia machista está afectada de una lentitud tal en sus reacciones, de una renuencia tal en los medios requeridos, que contribuye al fatalismo. Todas las administraciones mostraron ayer su satisfacción por el paso dado, como lo hicieron en septiembre los grupos parlamentarios. La noticia coincidió con la práctica confirmación de que ya han sido 48 las mujeres asesinadas en 2017 por sus parejas o exparejas hombres. El acuerdo adoptado entre el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y las comunidades autónomas para la entrada en vigor de 26 medidas que no precisan modificaciones legales, con un presupuesto de 200 millones de euros para 2018, pudo haberse hecho realidad al día siguiente del consenso parlamentario de septiembre. Del mismo modo que el pacto respondía a una demanda de años de impasibilidad política. El propio calificativo de ‘lacra’ al que recurre todo pronunciamiento público denota más impotencia que decisión en la adopción de medidas para luchar contra el machismo posesivo y para evitar que los primeros sentimientos de atracción den lugar a pautas de sometimiento de las jóvenes al dictado de aquellos que dicen quererlas, pero para sí. La sociedad no acaba de librarse de una interpretación pasional de crímenes que se cometen a diario y que en ocasiones acaban con el asesinato de la mujer víctima. Son urgentes las iniciativas y cambios normativos que protejan a las mujeres violentadas y a las hijas e hijos que padecen esa situación. Unas medidas que procuren detectar a tiempo todas aquellas situaciones que evidencian malos tratos físicos o psicológicos. Pero del señalamiento público e institucional depende la identificación del mal para impedir que se perpetúe en el secreto del hogar o en las redes sociales. Ya vamos demasiado tarde como para afrontar este problema desde la autosatisfacción porque se haya alcanzado un acuerdo político e institucional, cuando en septiembre se aprobaron 213 medidas, todas pendientes de ser aplicadas.

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