El día clave

La reacción de los independentistas al esperado fracaso de su referéndum marcará el futuro del conflicto catalán

EL CORREO

Los acontecimientos de las últimas horas en Cataluña permiten afrontar la delicada jornada de hoy con la máxima preocupación, pero con la confianza de que el despliegue preventivo del Estado impedirá la celebración del pretendido simulacro de referéndum y convertirá el 1-O en un gesto emotivo más irrelevante que el del 9-N. Aunque las secuelas jurídicas serán esta vez más cruentas, ya que importantes sectores institucionales de Cataluña han cometido infracciones que un Estado de Derecho no puede remitir alegremente al olvido. Ayer, las organizaciones sociales que han participado en la organización de la consulta fallida rebajaban sus expectativas de posibles ‘votantes’ y cifraban en un millón la cota que marcaría el éxito de la convocatoria. Precisamente, una de las claves de la jornada de hoy estará en si los independentistas se atreverán o no a simular un recuento de los presuntos sufragios y proclamar unos resultados, que en ningún caso tendrán validez. En el caso de que Puigdemont y Junqueras opten por continuar con la farsa de la consulta, su siguiente paso consistirá con toda probabilidad en la declaración unilateral de independencia, lo que elevaría a niveles insoportables la tensión con el Estado, que estaría obligado a aplicar todas las medidas previstas en la Constitución. En caso contrario, si el soberanismo acepta la realidad de que no ha podido celebrar el referéndum, se abrirían nuevos escenarios. La solución al problema sólo puede llegar por cauces democráticos, que se definen por la renuncia a la violencia y por la superación de las diferencias mediante el diálogo y la negociación. Pero la democracia solo funciona si se respeta la legalidad. Por tanto, el inicio de cualquier forma de diálogo debe estar precedido del restablecimiento de las reglas del juego democrático por parte de las autoridades independentistas. Si el soberanismo descarta la declaración unilateral de independencia, estará obligado a convocar elecciones autonómicas, que propiciarían la aparición de nuevos actores políticos. Pero no podrán volver a cometer el error de plantearlas como un plebiscito. El punto de partida de esta nueva etapa que ha de abrirse está cargado de prejuicios. El Gobierno de la nación ya no reconoce a Puigdemont ni a Junqueras como interlocutores válidos. Y las dos formaciones nacionalistas democráticas, el PDeCAT y ERC, insisten en que se ha llegado a este punto porque el Ejecutivo español se ha negado a negociar. Es patente que no será fácil encontrar a los interlocutores idóneos que trabajen para rebajar la crispación, de forma que se pueda, después, arbitrar una solución política que parece que solo puede ser una revisión prudente pero audaz del modelo de organización territorial.

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