Más leña al fuego

Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

La conflictividad entre los poderes del Estado y la Generalitat está llegando a extremos muy graves. Si nadie lo remedia por los cauces del diálogo mucho me temo que vamos de lleno a una situación irreversible de desafección total de una parte muy importante de la sociedad catalana respecto al Estado. Ya lo dijo el president José Montilla cuando advirtió del riesgo de la desafección irreversible entre Cataluña y España tras la sentencia del Estatut en 2010. Pero también existe otro peligro que conviene no ignorar. Se refiere al riesgo de que se abra una profunda fractura entre los propios catalanes, echando por la borda lo que ha sido uno de sus mayores activos, que es la unión civil existente con vocación de construir una sola comunidad nacional.

Tras la macrooperación policial llevada a cabo ayer y los requerimientos realizados por la Fiscalía a centenares de alcaldes para que sean citados a declarar como investigados se ha intensificado enormemente el choque institucional, con gran repercusión en la sociedad. A mi juicio el ciudadano medio de Cataluña está viendo en la respuesta del Estado una reacción de carácter represivo, más allá de la apariencia legal de las medidas. Tengo la impresión de que en ese ciudadano medio se ha extendido la percepción y el sentimiento de que Cataluña y sus instituciones de autogobierno están siendo agredidas por la fuerza del Estado.

El Gobierno de Rajoy, la Fiscalía y diversas instancias del Poder Judicial, actúan con obstinación para mostrar que en esta ocasión el ‘imperio de la ley’ se aplica, aunque tienen en la memoria reciente la actitud permisiva ante la consulta ilegal del 9-N. Es cierto que en un Estado de Derecho el principio de legalidad es esencial y básico, pero eso no significa que lo que se hace en nombre de la ley no sea criticable y reprochable, no solo políticamente sino también jurídicamente. Faltaría más.

En la respuesta del Estado para impedir la celebración del referéndum se han tomado decisiones judiciales que han vulnerado derechos fundamentales, como el de reunión y la libertad de expresión al prohibir actos que no están afectados por la suspensión del TC. Actuaciones graves como la promovida por la Fiscalía llamando a declarar a 712 alcaldes en calidad de investigados cuando la ley se lo prohíbe expresamente (art. 773.2 de la LECriminal) pues existe una causa abierta en el juzgado de instrucción sobre los mismos hechos. No resulta extraño que ante sucesos como estos, gentes razonables, muy críticos con el referéndum unilateral, se encuentren enojados, soliviantados y empiecen a hablar de que podemos estar ante la triste realidad de tener centenares de condenados o presos políticos por razones de conciencia.

Probablemente quienes están promoviendo estas medidas coercitivas actúen como si se estuviera persiguiendo cualquier otro delito, olvidándose del enorme problema político que hay tras esos actos de desobediencia. Quizá no les importe la reacción de la gente y mucho menos la repercusión que pueda tener esta agudización de la tensión en el comportamiento político y electoral en Cataluña. Hasta que se produzcan las próximas elecciones y algunos de los promotores de estas medidas coercitivas se asusten y se pregunten: ¿Qué hemos hecho? Otros en cambio ni se interrogarán, pensarán que el general Espartero tenía razón: «Hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantenerla a raya».

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